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Las víctimas se cuentan por millones entre los muertos, secuestrados, los desplazados y niños reclutados a la fuerza, sin distingo de clase social.
Muchas regiones arrasadas con sus aparatos productivos destruidos deja el conflicto. Frente a los violentos, el Estado colombiano actuó para proteger la población sin cejar en el empeño de fortalecer sus instituciones –luego de que se alcanzara a considerar como un Estado casi fallido a comienzos de este siglo–, especialmente a sus Fuerzas Armadas y de Policía. Ello hizo posible recuperar para el Estado el monopolio del uso de las armas y el imperio de la ley.
Siempre estuvo presente la opción de la salida negociada. Así, hubo acuerdos para terminar la violencia partidista en 1957 (Frente Nacional); para reinsertar al M19, EPL, CRS y el Quintín Lame en 1990; de sometimiento a la justicia con los carteles del narcotráfico en 1991 y para desmovilizar a los paramilitares en el 2005.
Todos esos actores, incluyendo ahora las FARC, se sentaron a negociar ante la eventualidad de una derrota a manos del Estado.
Estos acuerdos conllevaron concesiones sin desbordar la Constitución y la ley. Las amnistías, indultos y beneficios judiciales como la reducción de penas y sanciones alternativas se otorgaron en todos ellos. En los pactos con grupos guerrilleros, la participación en política, los programas asistencialistas de desarrollo rural, las concesiones en los medios de comunicación y el apoyo financiero a los movimientos políticos surgidos de los acuerdos, fueron común denominador.
Pero, ahora, con ocasión del Acuerdo Final logrado por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, la guerrilla más numerosa y dañina, surgen voces que tratan de desvirtuar y desacreditar el contenido del Acuerdo.
Por eso es el deber del Gobierno darle pedagogía masiva a lo acordado con las FARC, para que sea el pueblo el que finalmente decida con su voto si lo acepta o no. El presidente Santos bien hubiera podido acoger el Acuerdo e incorporarlo a nuestra legislación sin consultar ni llamar a un plebiscito, porque así lo autoriza nuestra Constitución Política. Empero, prefirió dejarlo a consideración del pueblo, hecho que tendrá lugar el próximo 2 de octubre.
En relación con el punto que trata sobre Jurisdicción Especial para la Paz, lo cierto es que no ha habido ningún Acuerdo para poner fin a un conflicto en el mundo que haya sido más debatido y consultado para lograr el mayor equilibrio entre la justicia y la paz, con las garantías de obtención de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición, como asegura este.
Impunidad no es evadir la cárcel física. La impunidad es no pagar una pena ni saber qué hicieron los victimarios, así como no reparar a sus víctimas. Aún así, el beneficio de una pena alternativa consistente en libertad restringida a un lugar y trabajos comunitarios para quienes cometen los crímenes más graves y de lesa humanidad se ajusta a los cánones establecidos por la Corte Penal Internacional (CPI) mientras no sean objeto de amnistías, tal como lo dispone este Acuerdo.
Voces autorizadas, entre otras, como las del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Zeid Al Hussein y la misma Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, han saludado con optimismo los alcances del acuerdo con las FARC.
El respaldo que le están dando todas las naciones del mundo y los organismos internacionales al proceso, debe animarnos –a todos los colombianos– a trabajar juntos en la construcción de la paz. El Consejo de Seguridad aprobó este año, de manera rápida y unánime, dos Resoluciones que tienen que ver con la Paz en Colombia.
El acompañamiento internacional va a estar presente también en la implementación de algunos puntos del Acuerdo Final. Países y organismos multilaterales van a participar en esa etapa con apoyo técnico y recursos como una manifestación clara de que este Acuerdo está blindado y que de llegar a ser validado por el pueblo colombiano, sin duda, se verá reflejado en el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad del Estado y será la oportunidad para que inversionistas extranjeros sigan apostándole al crecimiento de nuestra economía.
Ahora bien, en materia de participación en política y elegibilidad lo pactado es más que razonable. Asegurarle 5 curules en Senado (el 5%) y 5 en Cámara (el 3%) únicamente durante dos periodos a las FARC no la convierte en amenaza ni asegura que seguirá manteniéndola después de que terminen los dos periodos.
Colombia ha tenido bastante experiencia al respecto, por cierto desfavorable a este tipo de beneficiarios. Dado el alto costo que ha generado esta guerra para el Estado ante el influjo de los dineros del narcotráfico en estos grupos subversivos, es mejor y menos costoso tener a los jefes de las FARC echando discursos en el Congreso, que dando bala o secuestrando.
Las 16 curules en Cámara establecidas para zonas especiales también por dos periodos, no son más que el reconocimiento a la ausencia del Estado en 16 municipios que han llevado la peor parte en el conflicto sin que hayan tenido nunca representación política. No son para las FARC ni para los partidos tradicionales, son para movimientos sociales originarios que allí se organicen, cualquiera que sea su ideología.
Por lo demás, el punto que versa sobre una reforma rural integral, que incluye mercadeo a productos campesinos, crédito barato e infraestructura y vivienda, está basado en su totalidad en la ley vigente. Esto, lo que significa, más bien, es que las FARC han aceptado que si estos programas no funcionaron en las zonas donde hacían presencia, fue en razón al fragor de la guerra irracional que desataron en contra del campesino, al que hay que resarcir ahora.
Para quienes hemos sido víctimas directas del conflicto valdrá más la pena que no vuelva a haber familias destrozadas, moral y económicamente, que una posibilidad lejana e incierta de ver reducidos por la vía de las armas a los que nos arrebataron nuestros seres queridos, mientras siguen aumentando las víctimas y la devastación. Como dijo el propio presidente Santos, no hay acuerdo perfecto, pero este es el mejor posible.
(*) Embajadora de Colombia en Paraguay