El pasado jueves firmó un acuerdo con los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial en el que los comprometía a trabajar juntos en temas de interés general para la población. La iniciativa no es nueva, en su momento administraciones anteriores hicieron cosas similares y todo lo pactado quedó en el más absoluto olvido. Incluso este Gobierno tuvo iniciativas de la misma índole que finalmente quedaron en la nada.
Esta vez los objetivos son otros. Lo importante no necesariamente es cumplir con los compromisos escritos en el papel, sino los efectos políticos que podría generar no apegarse a lo acordado.
Mediante este pacto, la administración Cartes pretende alinear a los otros poderes del Estado para acompañarlo en sus iniciativas de Gobierno y lo más importante, repartir culpas públicamente entre quienes se oponen a sus proyectos. Construir el enemigo. Dividir el universo nacional entre “los buenos” que están con la administración y “los malos” que se oponen a sus proyectos. Eso reduce enormemente el universo de la contienda política y simplifica el debate en la sociedad. Pero sobre todo pretende cargar con todas las culpas a la actual clase política.
Todavía está por verse si los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial aceptan este esquema de decisiones. Lo del jueves fue un acuerdo general, ahora queda bajar la discusión a temas concretos; pero ahí todo tiende a ponerse más oscuro. La disputa por los espacios de poder maneja realidades diferentes.
El ejemplo más claro es el intento de renovación de la Corte Suprema de Justicia, que está parado desde hace casi dos años en el Congreso. El juego de intereses hace imposible avanzar más allá de las necesidades coyunturales. No hay acuerdo sobre lo que realmente convenga para tener un sistema de justicia más efectivo. El problema no está en encontrar los términos de una justicia eficiente, sino en el equilibrio responsable entre todos los actores políticos.
El Ejecutivo precisa desarmar ese esquema y establecer nuevas formas, sumar nuevos actores y crear nuevos escenarios. Sin fuerza política propia en las cámaras mantener este sistema de negociación lo deja siempre entre las cuerdas; reduciendo enormemente su espacio de maniobra. Sin capacidad de establecer los términos de la disputa de poder. Solo rediseñando el juego puede establecer un escenario favorable; pero no es una cuestión sencilla, mucho menos, rápida.
A mitad de semana el escándalo que se generó con los precios exorbitantes de alimentos que estaba comprando el Ministerio de Educación disparó todas las alarmas sobre las intenciones reales del Poder Ejecutivo. El cuidado discurso del presidente Cartes sobre manejo responsable del dinero público tuvo un duro golpe con la realidad cotidiana. Quedó al descubierto que a pesar de los ahorros que exhibe la administración también hay sectores que todavía malgastan groseramente el dinero público e incluso pretenden justificar las compras recurriendo a enrevesadas argumentaciones. Hizo falta que el propio Cartes intervenga para que finalmente las autoridades ministeriales suspendieran la compra, pero en ningún momento renunciaron al discurso de que todo estaba bien a pesar del costo excesivo de los alimentos.
Construir en el imaginario de la sociedad un nuevo modelo necesita mucho más que acuerdos escritos; precisa sobre todo, compromiso. Requiere acciones concretas en favor de la gente que movilice el humor social. Solo entonces se empezará a diseñar un nuevo esquema de negociación que apuntale las necesidades políticas de la administración Cartes.
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