El brutal asesinato del joven dirigente liberal en la sede del PLRA a manos de efectivos policiales fue el factor aglutinante que terminó consolidando el frente contra la enmienda y legitimando la serie de manifestaciones que desde hace una semana se repiten en diferentes puntos del país. Antes de esos sucesos los que se oponían al proyecto tenían una casi nula convocatoria, hoy tienen un firme respaldo de amplios sectores.
Es poco creíble que un suboficial de apenas 23 años haya actuado por iniciativa propia. Menos aún si se considera que estaba bajo arresto disciplinario. La atolondrada y desprolija explicación con gruesas mentiras de por medio que pretendió dar el Ministerio del Interior tampoco soporta mayor análisis. Lo único firme es que el asesinato del dirigente liberal no es un caso aislado de brutalidad policial en medio de los disturbios. Claramente respondió a un plan mucho más amplio. Lo que resta por saber, y que quizás nunca se aclare, es quién orquestó la maniobra.
Si fue una jugada del Gobierno sería la evidencia más contundente de que está dispuesto a barrer con todo para llegar a sus objetivos, pero también sería la maniobra más torpe porque estaría legitimando el discurso opositor, como finalmente ocurrió. Tampoco se puede descartar que ciertos sectores del Gobierno realmente jugaron contra la enmienda y en el accionar policial encontraron el camino posible para terminar con el proyecto.
La otra alternativa es que grupos policiales con protección política hayan decidido actuar por cuenta propia creyendo que sus acciones estarían bajo el paraguas del poder. En ese esquema sería comprensible que un joven suboficial con arresto en la Comandancia haya tenido el visto bueno para actuar con contundencia. También revelaría que ciertos efectivos policiales actúan a sus anchas sabiendo que tienen impunidad.
La tercera opción es que realmente las fuerzas policiales hayan operado en función a factores externos pensando en el futuro. Con ese escenario también es posible que el suboficial haya recibido la orden de actuar bajo la promesa de poseer impunidad o al menos tener castigos limitados.
Cualquiera de estos tres escenarios es inquietante para la República. Son la clara evidencia de las instituciones al servicio de ciertos sectores. Mediante esa maniobra la enmienda parece estar viviendo sus últimas horas.
La mesa de diálogo convocada por el Gobierno a instancias del Papa no parece suficiente como para poder salir del paso. La oposición casi por cortesía fue a una primera reunión, pero comprende acabadamente que este es el momento de mantener el nivel de ataque para terminar con el plan de reelección. Aceptar una negociación en estos momentos es dar un espacio al Gobierno para poder reconstruir su posición; por eso comunicó que no participaría más de los encuentros.
Con esto la mesa de diálogo se volvió inviable y casi fue levantada. Solo un pedido de último momento del nuncio apostólico impidió que fuera desarmada. Hoy ese espacio apenas es un formalismo.
Los votos que hasta hace poco sobraban en la Cámara de Diputados para aprobar la enmienda hoy casi no están y la legitimidad que pudo haber tenido en sus inicios se esfumó. Desde hace unos días son los mismos diputados colorados los que empezaron a pensar en nuevas candidaturas presidenciales. Postulaciones que puedan capitalizar el malestar que generó la enmienda presidencial.
En el Poder Ejecutivo se abre todo un nuevo tiempo de incertidumbres. Sin Cartes como candidato presidencial tendrán que empezar a buscar candidatos, lo que desatará una dura disputa interna en Honor Colorado. Sin Cartes como candidato se abre un espacio de reconfiguración no solo dentro del Partido Colorado sino en la oposición.
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