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De más está decir que los papeles firmados generalmente con toda pomposidad carecen de exigibilidad jurídica y también de grados de reproche por incumplimiento que merezcan algún tipo de sanción para los firmantes. Sin embargo, quien sabe por qué razón misteriosa, los potenciales beneficiarios de estos convenios son retratados con rostros que corresponden a las personas más felices del mundo en el momento de la firma de estos documentos. ¿Documentos?
Hace bastante tiempo que las encuestas y análisis de cultura política de nuestro país advierten sobre la vigencia de un estado de ilegalidad, lo que significa que en vez de buscar que se cumplan la Constitución y las leyes, como corresponde a un estado de derecho, la mayoría prefiere la informalidad y la marginalidad legal.
No sé si acorde a esta realidad la gente opta por creer en los convenios de marketing antes que en las disposiciones legales y constitucionales. El incumplimiento de estas sí puede ser sancionado, sin embargo, hay pocas iniciativas en ese sentido, tal vez por falta de práctica en lo que respecta a un proceso de incidencia sobre quienes tienen la responsabilidad de dar respuestas.
En estos días se habla mucho de un convenio firmado entre Petropar y Banco Nacional de Fomento en 2014 para apoyar a los pequeños cañicultores de Mauricio José Troche. Dicen que Petropar se comprometió a pagar 170.000 guaraníes la tonelada de caña, los cañicultores se endeudaron, pero poco después la empresa que compra la materia prima fijó el precio en 100.000. No obstante, Petropar redujo su compromiso a 140.000 y finalmente dicen que ni siquiera compró el producto.
Consecuencia, los cañicultores quedaron endeudados y el Gobierno terminó pagando la deuda de la empresa que quebró (Azucarera Iturbe) y que estaba sin posibilidad de honrar la deuda con los agricultores. El Estado se metió de esta forma en el pleito judicial con el compromiso de demandar después a la empresa y tratar de recuperar el dinero público.
BNF y Petropar cometieron un error a sabiendas de que es imposible fijar entre tres un precio que depende del vaivén del mercado, los cañicultores cometieron el error de creer que se pueden endeudar con la promesa de pago de un precio fijado a futuro para la materia prima de un producto cuyo precio está sujeto a la libre competencia con contrabando de por medio, y el Gobierno cometió el error de subvencionar la deuda impaga de una empresa en quiebra pensando cobrar luego.
¿Dónde estaban los dirigentes de la gente indefensa mientras se firmaban estos “documentos”? Se seguirán firmando convenios de cumplimiento imposible y de inutilidad comprobada mientras los encargados de las instituciones carezcan de responsabilidad política y la gente común prefiera el canto de sirena y soluciones mágicas a la vigencia del estado de derecho en el país.
ebritez@abc.com.py