Es en tribunales donde los casos se cocinan a fuego lento, cuando la novedad de cada causa va siendo desplazada tras los flashes iniciales y las rimbombantes imputaciones, para dar lugar al silencio, el olvido y la extinción.
Por eso es que hubo tantas voces críticas de las sentencias del caso Curuguaty esta semana, porque la que debía haber sido una investigación ejemplar y rigurosa de un caso tan sensible, fue apenas una que hizo agua por todas partes, desde el momento de las imputaciones iniciales por el entonces fiscal Jalil Rachid, aquel domingo 16 de diciembre de 2012.
Recuerdo que ese día que transmitíamos unas internas en la 730 AM, habíamos escuchado la presentación de las imputaciones por parte de Rachid, quien daba en una conferencia de prensa algunas confusas explicaciones sobre ello; le pedí al reportero de la radio que nos permitiera hablar con él, y en la entrevista terminó admitiendo en ese entonces que no estaba en condiciones de elaborar una hipótesis sobre quién había matado seis meses antes a alguno de los 17 caídos en Curuguaty.
Rachid siguió con la misma postura hasta que dejó el caso en manos de otros fiscales, pero continuó mintiendo ya en su nueva función, cuando al ser cuestionado esta semana sobre por qué no investigó la muerte de los once campesinos, con ejecuciones incluidas, dijo que lo estaba haciendo la fiscalía de Derechos Humanos, cuyo titular lo desmintió en pocos minutos.
Claro que hubo oportunistas políticos en este caso, que incluso olvidaron que el propio Fernando Lugo, presidente en ese entonces, había dicho que tenía la certeza de que la policía actuó con vocación pacifista y fue sorprendida en medio de un protocolo de diálogo y negociación, discurso que le recordaron estos días en medio de su amnesia selectiva.
Pero al oportunismo político hay que responder con una investigación seria y rigurosa, que no deje lugar a dudas, algo que no hubo; con un presidente de tribunal que empezó sus alegatos diciendo que el tribunal iba a decir lo que pasó en Curuguaty, pero terminó dejando más dudas que obligaron a recordar la oscuridad de sus antecedentes, detenido por cobro de coimas y cuestionado por liberar a narcotraficantes.
En síntesis, hasta aquí una justicia que le da argumentos a quien quiera cuestionarla porque generalmente inclina su balanza ante quien tiene poder y recursos.
Solo es cuestión de mirar cómo están algunos procesos y recordar otros.
Observar cómo está paralizado desde hace cinco meses el caso en el que está procesado el diputado José María Ibáñez por haberse quedado con la mayor parte del dinero que le hacía pagar al Estado a sus peones.
O ver cómo se vuelve eterno el análisis para imputar a una ministra electoral que cobró indebidamente un dinero por un trabajo realizado en el país, cuando en realidad estaba fuera de él.
O recordar cómo un expresidente nos hizo pagar un auto, que no solo se lo habían regalado, sino que fue robado en Brasil y que debimos devolvérselo a una empresa aseguradora en medio de un bochorno internacional, mientras los responsables de la estafa al Estado quedaban impunes porque la rosca judicial permitió la extinción de la causa.
Y podríamos seguir mencionando en un suplemento especial en este diario una cantidad de casos en los que el poder político se traduce automáticamente en impunidad judicial. Por eso no extraña la reacción de descreimiento y desconfianza hacia nuestra justicia, una que nos hace recordar aquella famosa frase del talmud que sostiene que es desgraciada una generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
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