Los políticos no crean riqueza alguna en favor de sus prójimos. Más bien viven de los demás, de los que trabajan y pagan sus impuestos. A diferencia del populismo propio del tercermundismo que redistribuye el dinero ajeno, la genuina tarea política consiste en fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana. Más allá de esto, los políticos desde el gobierno son sumamente peligrosos, en especial cuando aprueban malas leyes, regulaciones y privilegios.
En la antigua tradición anglosajona que suscitó el orden de la libertad bajo la ley, se decía que confiar en los agentes del gobierno era como ponerse una soga en el cuello. Sabio consejo y muy vigente. Ocurre que los políticos son proclives a utilizar el poder y la mentira para beneficio personal, y a esto se le llama corrupción. Esta práctica ligada al tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales, fraude, malversación, lavado de dinero de origen delictivo, cohecho y otros que incitan al grado de la prevaricación de jueces y fiscales, tiene efectos dañinos, en el corto y largo plazo.
Afortunadamente hay una fórmula para ello. Frente a la corrupción hay una única respuesta: tolerancia cero. Y es aquí donde entra la justicia. Los castigos y decisiones emanadas de la justicia se fundan en el noble concepto de la igualdad ante la ley y no a través de la ley.
Preservar una independiente y sabia justicia en los países de menor desarrollo como el Paraguay es fundamental para su progreso, en especial por su población mayoritaria de jóvenes que requiere de insertarse en el mundo global. Caso contrario, nuestra juventud seguirá tropezando con las dificultades propias de un país que por sus rapaces políticos y por el descrédito público de su justicia, hacen huir al capital, la tecnología y la inversión, las bases de más y mejores oportunidades y de puestos laborales.
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Es por ello que resulta imperioso terminar de una vez por todas con una historia y práctica dadas en Paraguay por las cuales la Constitución es considerada un documento de papel, al acoso de los poderosos que ostentan el poder de turno.
El asedio a la justicia no ha cesado. De la pluma firmada por los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¡se habilitó en contra de las disposiciones constitucionales la candidatura como senadores de los señores Cartes y Duarte Frutos! El descrédito de la justicia es una colosal deuda con las personas.
El caso mencionado deja antecedentes peligrosos. Se está llamando a otros a hacer lo mismo, lo que implica dejar intacta aquella práctica política del predominio de las necesidades del poder de turno sobre la Constitución. Todavía más, las personas comunes con casos en los tribunales, cualquiera sea el ámbito, encuentran un justificativo para buscar sus propias sentencias, con otras “soluciones”, cumpliéndose aquello de cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”. Asesor de la Asoc. Paraguaya de Universidades Privadas APUP.
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