Cuestión pendiente

Muchas cosas torcidas quedaron como herencia del largo período colorado (61 años) en nuestro país. Entre ellas, el problema de la tierra. Sabemos que la dictadura stronista ha hecho un derroche con las tierras para el enriquecimiento rápido de sus jerarcas, aliados y chupamedias.   

Sabemos también que alrededor del 80 % de las tierras (de uso agropecuario) está en manos de menos del 2 % de los propietarios y que la agricultura familiar, aquella que daba sustento a miles de familias pobres campesinas, está desapareciendo frente al modelo de agricultura empresarial, y no hay indicios de que este proceso se detenga.   

Es  evidente, además, que los dueños que acapararon las tierras constituyen uno de los sectores detentadores del poder real en nuestro país.   

Precisamente ejerciendo este poder, con acciones judiciales y tractorazos de por medio, no permitieron hasta ahora que el Estado siquiera haga las mediciones (mensuras) para definir si existen o no excedentes fiscales y si hay propietarios con ocupaciones ilegales.   

En este marco, surgió aparentemente la determinación del Gobierno de delimitar las tierras que habían pertenecido al Estado en la zona de Ñacunday y otros distritos del Alto Paraná, que ahora están siendo reclamadas. Dio la sensación de que el presidente Lugo se animaba a tomar al toro por las astas y batirse en este peligroso escenario taurino.  Pero ante la primera, esperada y natural embestida de los propietarios, con sus poderosos aliados, los demás sectores empresariales, entre ellos haciendo el coro muchos periodistas, los "nuevos perros guardianes", según el escritor francés Serge Halimi, el Gobierno  recula. Y no solo eso, sino que trata de separar a Lugo del problema, asumiendo errores, en la voz del ministro Miguel Ángel López Perito.   

¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Una nueva improvisación del Gobierno? ¿No se midieron las consecuencias que generaría el empleo de los militares sin argumentos legales?   

La sensación que queda es que en este país los grandes temas, como el conflicto de la tierra,  seguirán pendientes de resolución y siendo fuentes de constante inestabilidad, con capítulos trágicos como el asesinato ya de muchos campesinos.    Aún peor es la lectura de que los sectores poderosos ni siquiera permiten el control de los organismos públicos responsables y que estos más bien están a su servicio. Hay numerosos casos de propietarios no sujetos a la reforma agraria, que con un juez puede echar por la borda cualquier plan que el Estado impulse para recuperar las tierras mediante la aplicación de la ley.   Nadie debería estar en contra de las mensuras u otras medidas para despejar definitivamente las dudas sobre la propiedad de las tierras y la supuesta existencia de excedentes.    Cada conflicto de tierra  debería ser una interpelación a la sociedad y a los poderes del Estado para ponerse de acuerdo y buscar solución a este histórico problema. Bien vale la propuesta del ex titular del Indert, Eugenio Alonso, que sugiere una cumbre de poderes para encargar la cuestión de la tierra. Más postergación significará más crispación social y más sensación de impotencia ante la inoperancia de las instituciones públicas.

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