La denuncia no es generalizada. Lo que se afirma no es que todas las universidades, en todas sus facultades, por parte de todos los directivos, administradores, profesores y alumnos actúan sin ética, lo que se afirma es que crecen el número y los campos donde abundan cada día más los comportamientos no éticos. Y preocupa este crecimiento porque los efectos destructivos ya están afectando gravemente no solo a las universidades y sus jóvenes estudiantes, sino a las profesiones, las investigaciones y la sociedad.
La lista de ataques a la ética en las universidades es desgraciadamente frondosa. Y lo que se denuncia de “universidades de América Latina” sin duda puede aplicarse plenamente a muchas de las universidades de Paraguay.
Se denuncia la permisividad de profesores que no cumplen con su responsabilidad de actualizarse permanentemente en los conocimientos propios de la disciplina que enseñan y ofrecen clases con exposiciones sin preparar para el nivel de calidad exigible a una cátedra de universidad; “dictan” clases, ofrecen apuntes elementales, no investigan ni estudian, ni publican artículos y libros con sus nuevos conocimientos, y aprueban a sus alumnos, tras hacerles pasar exámenes superficiales para que no abandonen la institución y sigan pagando cuotas, sin tener en cuenta ni siquiera la escolaridad necesaria para justificar su derecho a ser evaluados.
¿Dónde están los artículos y libros de producción personal de los miles de profesores de nuestras cuantiosas universidades y sus más cuantiosas filiales? ¿Dónde están las publicaciones de las rectores de nuestras universidades?
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Se denuncia la mentira de tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados, que se presentan como resultado de investigaciones que nunca se hicieron. ¿Se podrá saber algún día cuántos doctores hay en Paraguay que recibieron su título de doctor con tesis compradas o plagiadas y aprobadas a cambio de dinero o favores políticos?
Se denuncian aprobados de asignaturas a cambio de sobornos, coimas o favores sexuales. Igualmente malversación de fondos, especialmente graves cuando se trata de universidades financiadas por el Estado, es decir, por la ciudadanía, y una inequidad en el reparto de sueldos impresionante. Algún día, alguien investigará cuánto gana cada uno de los que trabajan en las universidades nacionales y quedaremos sorprendidos de que hay profesores que ganan poco más (y también menos) de un millón al mes, mientras secretarias privilegiadas ganan más de quince millones y decanos con sueldos de treinta millones al mes entre gastos de representación y otros beneficios.
Las universidades están siendo cuestionadas por la ciudadanía, no ya por su baja calidad como tales universidades en su servicio académico de formación de profesionales y en su rol de instituciones para la producción de conocimientos, sino por cuestionamientos éticos en comportamientos básicos por parte de no pocos de sus actores y responsables. ¿Por qué las universidades ponen trabas para informar de lo que son y lo que hacen? ¿No existe para ellas la ley de la transparencia? Una abusiva y perniciosa interpretación de la “autonomía” las está convirtiendo en pequeñitos y ridículos “estados” dentro del Estado.
El Estado creó leyes (Ley de la Aneaes, Ley de Educación Superior y creación del Cones) e instituciones para mejorar la Educación Superior, pero los corruptos ya han encontrado sutiles estrategias para ir esterilizando las leyes y las instituciones creadas.
El estado de la Educación Superior es calamitoso, el desprestigio de las universidades en la ciudadanía es progresivo, la resistencia al cambio por parte de las instituciones es pertinaz, la corrupción está instalada en sus entrañas. Sin ética y con corrupción impune, el destino es la destrucción. Según la Constitución Nacional finalmente la pelota está en la cancha del Estado y el Gobierno, que jura cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.
jmonterotirado@gmail.com