El escándalo que se desató en la Cámara Alta por el cambio de Lombardo puso en evidencia, por si hubiera dudas, el manejo clientelista y prebendario que existe en el Congreso, igual que en otras instituciones del Estado.
Los cargos se reparten y se repartieron durante muchos años con base en cupos político-partidarios. Se fomentó una suerte de complicidad entre funcionarios y legisladores para tapar hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y, en general, el despilfarro del dinero público, con el otorgamiento de privilegios.
Terminar con estas prácticas que se arrastran desde hace décadas será muy difícil si es que no hay voluntad de los administradores y de quienes ocupan altos cargos.
La mayoría de los parlamentarios –y por contagio los funcionarios– se han comportado por mucho tiempo como si el Congreso fuera suyo y no una institución de representación ciudadana.
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Si en los últimos años se comenzaron a aprobar los pedidos de desafuero de los legisladores sin mayores inconvenientes se debió sobre todo a la presión ciudadana. También, vale decirlo, porque finalmente, ellos estaban casi seguros de que igualmente podían conseguir quedar impunes por obra de un Poder Judicial corrompido y donde ellos mismos tienen sus tentáculos.
Las cosas han cambiado un poco con el paso de los años. Pero no se debió a una súbita conversión de los dirigentes políticos en honestas y pulcras personas sino porque el desarrollo y la expansión de los medios de comunicación y especialmente las redes sociales los dejan ahora más expuestos. Se han dado cuenta, por algunos ejemplos concretos, de que es necesario que cuiden su imagen pública.
Ya no se trata solamente de algún medio masivo de comunicación que pueda publicar alguna trapisonda concreta en la que incurran. Ahora también están expuestos a que cualquier vídeo de contenido sexual o algún bochorno público o privado que protagonicen ellos o sus familiares y allegados los puede afectar.
Los parlamentarios, los políticos y los funcionarios públicos en general, sean de elección popular o designados por concurso, por el padrinazgo de algún cacique político, por nepotismo, por sorteo o licitación, saben que no pueden hacer lo que se les ocurra porque no ya no les saldrá gratis como antes.
Los actos de prepotencia, las manifestaciones ofensivas o burlonas que expresen puede costarles caro.
Durante la reciente manifestación que hicieron los funcionarios del Senado sonó un tanto estrafalario que los indignados por la designación de la nueva directora de Recursos Humanos apelaran a estribillos (“el pueblo unido jamás será vencido”, por ejemplo) más propios de actos ciudadanos masivos que de la presunta demostración de fuerza de unas cuantas personas tratando de proteger privilegios particulares.
Si lo que quieren es proteger a la institución, como debería ser, y no simplemente “cuidar” a parlamentarios que están circunstancialmente en el cargo deberían más bien comenzar a revelar todas los negociados y tranzadas dentro de la institución de los que seguramente conocen bien. Eso sería realmente útil y beneficioso para la mayoría del pueblo, del cual dicen sentirse parte.
mcaceres@abc.com.py