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La falta de un seguimiento y control estricto por parte de las entidades como el Ministerio de Hacienda, que transfieren recursos, y de los responsables de la justicia de castigar con el peso de la ley a los corruptos hace que exista un colosal daño patrimonial en las comunas.
Las obras fantasmas, malversación de los fondos municipales, sobrefacturación de obras y adjudicaciones a empresas amigas y con antecedentes por hechos de corrupción se convirtieron al parecer en prácticas comunes.
Incluso, la presentación de rendiciones de cuentas de los intendentes a sus respectivas juntas municipales para su estudio pasó a ser un simple formalismo, porque pese a ser rechazada o denunciada ante la Fiscalía o la Contraloría, no es vinculante a la hora de recibir los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda, como los royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Para ejemplo tenemos las administraciones del intendente de Acahay, Alcides Sosa (ANR, cartista); del exjefe comunal de Quyquyhó y actual diputado Esteban Samaniego (ANR, abdista) y el lord mayor de La Colmena, Mario Melgarejo (ANR, cartista).
Las ejecuciones presupuestarias de estos tres intendentes fueron rechazadas por los concejales por presuntas anomalías y los hechos fueron comunicados a la Contraloría y a la fiscalía. Sin embargo, igual siguen recibiendo recursos públicos sin ningún tipo de condicionamiento.
El Estado, en su afán de incentivar la descentralización, empezó a distribuir los recursos de royalties y compensaciones como también Fonacide para impulsar el desarrollo y bienestar de los pueblos. Sin embargo, este dinero más bien en los últimos años sirvió para “ayudar” al vertiginoso aumento del patrimonio de algunos de los políticos que lo reciben.
emramirez@abc.com.py