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Habría que ir pensando en algo semejante en nuestras escuálidas democracias donde con nuestros votos algunos ciudadanos acceden a una cuota determinada de poder y al final del plazo establecido regresan a sus casas (si es que no deciden perpetuarse en él) sin que nadie pueda cuestionarles nada y ellos no se sienten obligados a dar explicación alguna de todo cuanto han hecho.
Un ejemplo claro es lo que está sucediendo ahora mismo con la construcción del metrobús a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Se está a punto de cometer una agresión descomunal contra la ciudad y sus ciudadanos y no existe instancia alguna a la que poder recurrir para encontrar la debida protección. Tan descarado se ha vuelto el poder en nuestro país que ante la preocupación que existe dio a conocer un comunicado diciendo que “hasta el momento se hicieron visitas a los frentistas para realizar estudios de precatastro en este corredor, con el fin de diseñar un anteproyecto que tenga la menor interferencia posible con el entorno. Luego de contar con el diseño ejecutivo, el Equipo Social del proyecto metrobús informará en qué va a consistir el trabajo, los periodos de obra y cómo se darán estas intervenciones. Se prevé que el estudio ejecutivo esté listo a fines de junio”. En pocas palabras, el ministerio no sabe qué se va a hacer pero ya adjudicó la obra. Sin lugar a dudas, el ministro Jiménez Gaona ha decidido competir con la Reina de Corazones de “Alicia en el país de las maravillas”, que antes de escuchar el veredicto pidió que se pasara ya a la sentencia.
El metrobús circulará por la calle Herrera-Haedo que se cerrará al tránsito y terminará pasando por las ventanas del tradicional colegio de María Auxiliadora gaseando a sus alumnas ya que, en un país enchufado a la hidroeléctrica más grande del mundo, sus autoridades han decidido que estos vehículos se muevan a gasoil, que hay que comprar de Venezuela, que nos da unos créditos que después no se pagan.
Pero la destrucción de la ciudad no termina aquí. En estos días se ha venido hablando que los vendedores ambulantes han terminado por arruinar la calle Palma, la que durante décadas fue la calle principal de la ciudad, de tiendas con grandes y atractivos escaparates. Algún intendente tuvo la brillante idea de hacer que los vendedores ambulantes pudieran instalarse en la calle mediante el pago de un canon. ¿Será el mismo que deben pagar las tiendas que ocupan un local por el cual pagan agua, electricidad e impuestos municipales y otros a Hacienda? Qué manera más tonta de incentivar el comercio legal, ya que sale mucho más barato poner una mesa en la acera y vender lo que en su mayoría son productos de contrabando. Solo falta que la Municipalidad, tan sensible a los problemas sociales, les construya unas casetas que sirvan de probador para los vendedores de ropa. Y ni hablar de los vendedores de comidas y productos alimenticios traídos de Clorinda ilegalmente.
Por todo esto, creo humildemente que alguien tendría que ampararnos.
jesus.ruiznestosa@gmail.com