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El sistema democrático, básicamente, funcionada cuando todos los actores respetan las reglas de juego más allá de los gustos, necesidades sectoriales o preferencias. Cuando esto no se cumple el sistema entra en crisis. Una crisis que puede ser más o menos intensa.
De acuerdo con el artículo 247 de la Constitución, el Poder Judicial es custodio de la Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. Cuando existen dudas sobre alguna disposición constitucional es la Corte Suprema de Justicia, como máxima representante del Poder Judicial, la que determina los alcances de la norma constitucional.
A mediados de semana la Corte Suprema de Justicia respondiendo a una presentación de los partidos de oposición determinó que los presidentes y expresidente de la República están habilitados para ser candidatos a senadores. Y que la senaduría vitalicia que recae en los exmandatarios no los imposibilita a ocupar una banca de senador electo. Con ello terminó validando las candidaturas del presidente Horacio Cartes y del expresidente Nicanor Duarte Frutos
Este fallo es básicamente el mismo que emitió en 2008 cuando determinó que Duarte Frutos, electo senador, debía ocupar su banca. En ese entonces la Cámara de Senadores, controlada por la oposición, prefirió no tener en cuenta la decisión de la máxima instancia judicial.
La oposición en conferencia de prensa adelantó que al igual que en 2008 no acatará la decisión de la Corte Suprema. Consideran que el fallo no corresponde y, por tanto, no están dispuestos a aceptarla. Recuerdan que la misma Constitución dispone que carece de validez todas las disposiciones opuestas a lo establecido en ella.
Fernando Lugo, presidente de la Cámara de Senadores, adelantó que no convocará a Cartes y a Duarte Frutos, aun cuando ambos sean senadores electos.
Efraín Alegre, candidato presidencial de la oposición, fue más allá. Aseguró que la máxima instancia judicial está manejada por la mafia y la corrupción, por tanto, sus decisiones pueden ser desacatadas.
Estudios e informes nacionales y extranjeros, coinciden en que uno de los aspectos más preocupantes del sistema democrático del Paraguay es el alto nivel de corrupción del Poder Judicial. Que es imperiosa una profunda reforma para poder encaminar su funcionamiento. Hace algunos meses audios filtrados a la prensa desnudaron el tráfico de influencia de políticos y abogados de todos los sectores y de algún modo validaron los informes.
Ahora bien, ¿eso autoriza a que las decisiones que toma sean desacatadas? En un sistema democrático con instituciones consolidadas no, en una democracia imperfecta como la nuestra, con poco desarrollo institucional y escasa cultura democrática, sí.
La democracia tiene remedios institucionales para corregir las desviaciones; pero en países como los nuestros su aplicación es casi nula porque finalmente podría terminar por fortalecer el sistema y acabar con los manejos paralelos.
Terminar con la corrupción en el Poder Judicial implica destituir jueces y fiscales. Para llegar a ese punto hace falta construir consensos y generar mayorías que permitan tomar decisiones. Ningún sector realmente está dispuesto a ir en esa línea porque finalmente eso implicará perder el control sobre el Poder Judicial. Todos critican pero realmente nadie hace nada para cambiar la situación.
ogomez@abc.com.py