Según datos de la Secretaría Técnica de Planificación, un millón y medio de paraguayos están en situación de pobreza, de los cuales, cerca de la mitad son menores de 18 años, es decir niños, niñas y adolescentes.
Es difícil que el presidente invite a desayunar a todos ellos para que siquiera puedan alimentarse bien una de las mañanas de un día del año. No obstante, el Gobierno podría ofrecerles políticas de Estado para darles, al menos a la mayoría de estos 700.000 niños, niñas y adolescentes, esperanzas de revertir su situación en el futuro.
Los programas de asistencia social, puestos en funcionamiento ya durante la gestión de Duarte Frutos (2003-2008) logran ciertos resultados, pero son fundamentalmente paliativos. Según datos recientes de la organización Base IS, unas 9.000 familias campesinas fueron expulsadas del campo a la ciudad, solamente el año pasado, por la falta de una oportunidad para poder, al menos, sobrevivir.
La carencia de propuestas de Gobierno para evitar esta migración hace que miles de niños y niñas pasen a engrosar cada año en la ciudad el número de los muchos que ya están y que deben hacer cualquier cosa para poder alimentarse con sus familias, todos los días.
Deberán trabajar, luchar en un ambiente hostil, tener la suerte de que sus padres no se involucren en hechos delictivos o adopten algún vicio para intentar huir de su situación. Deberán también lograr la proeza de no ser golpeados, abusados o sufrir cualquiera de las vulneraciones de sus derechos de las que nos enteramos cada tanto en los medios de prensa.
Algunos casos emblemáticos sirvieron para que la realidad que pasan muchos niños y niñas paraguayos se nos presente en toda su crudeza. La niña Mainumby, abusada por su padrastro, embarazada a los 10 años y que, obligada por el Estado, dio a luz a los 11. Luego de mucho debate sobre la legalización del aborto y tres meses después de que la niña tuviera a su hijo en una operación por cesárea, las instituciones oficiales se habían olvidado de ella, denunciaron organizaciones internacionales de DD.HH.
En junio pasado, supimos que ella abandonó la escuela donde iba, porque era motivo de burlas y “bullying” y ya no podía más. Por “Mainumby”, saltaron algunas cifras sobre embarazos precoces: 600 niñas, de entre 10 y 14 años tienen hijos anualmente en el Paraguay. Esos son los casos que se conocen, pero hay muchas más.
Otra historia es la de Carolina, una “criadita” de 14 años asesinada a golpes por sus tutores en Coronel Oviedo, durante este 2016. Como ella, que sufrió en su corta vida una moderna esclavitud en este siglo XXI, en Paraguay, hay unas 47.000, según cifras de Unicef.
Luciano Ortega tenía 18 años y fue el más joven de los campesinos asesinados en Curuguaty el 15 de junio de 2012. Para la Justicia paraguaya, para el Estado paraguayo no es importante aclarar cómo murió ni quién lo mató. Tampoco es importante dar solución al problema de la falta de tierras para miles de familias campesinas. No figura en los proyectos ni discursos del Gobierno.
Los niños, niñas y adolescentes que más necesitan ayuda en el país, no deben esperarla. La gran mayoría, no tendrán mejor educación, ni salud ni un futuro esperanzador. A lo máximo que pueden aspirar, tal vez, es a ser invitados alguna vez, y por un rato, para desayunar, a la mesa de algún poderoso que se cree dueño del país.
mcaceres@abc.com.py