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Hay quienes descalifican la metodología de los “escraches” ciudadanos contra los políticos acusados de corrupción por considerar que, en un sistema democrático, el Poder Judicial es el que debe aplicar sanciones, cuando corresponda.
Otro cuestionamiento es que una manifestación de pocas personas, por más ruido y lío que hagan, no puede estar por encima de la voluntad de miles, expresada libremente en elecciones cuyo resultado fue aceptado por todos.
En contrapartida, mucha gente también celebra esta “primavera” de la democracia participativa, en la que la ciudadanía se manifiesta en libertad y exige la expulsión de quienes deshonran con su conducta delictiva los cargos con que fueron investidos.
Evidentemente, sería mejor que los deshonestos, que se aprovechan de su poder para robar dinero público o para favorecerse ellos mismos o a sus familiares y amigos, nunca lleguen a ser candidatos y mucho menos ser electos en algún cargo. Sería muy bueno que la Justicia los aparte del medio antes de que puedan hacer más daño.
Sin embargo, tales presupuestos no se cumplen actualmente en Paraguay, porque no existe Justicia y, como en un círculo vicioso, no existe Justicia porque quienes tienen poder para nombrar y echar a fiscales y jueces son los mismos que presionan y utilizan sus fueros y su influencia para delinquir y lograr impunidad vitalicia.
En cuanto a la voluntad popular, los audios que se hicieron públicos luego de las elecciones siembran muchas dudas sobre la transparencia y revelaron que es posible modificar (si uno cuenta con el dinero suficiente) los resultados finales.
La reacción de algunos parlamentarios, intentando descalificar de cualquier manera la reacción popular, lleva a pensar que tienen cola de paja y que una buena parte de ellos es consciente de que incurrieron en actos iguales o peores que quienes ya fueron echados.
El argumento de que los manifestantes son pocos pretende desconocer que lo que expulsó y expulsará aún a algunos legisladores es una combinación de motivos y que la principal es que ellos mismos se descalificaron.
No es solamente la gente que grita su indignación y arroja papel higiénico a las fachadas de las casas. No son solo las publicaciones periodísticas. No son únicamente las redes sociales y los comentarios de boca en bocas en las calles. Son todas esas cosas juntas que presionan para que, en contra de su voluntad, los parlamentarios se vean obligados a sancionar la inconducta de sus pares.
Si algunos acusados, como los diputados Carlos Portillo (PLRA) y Tomas Rivas (ANR) aún permanecen en su cargo es por carecer de virtudes elementales que una persona que pretende representar a sus compatriotas debiera tener: dignidad, amor propio, honestidad, vergüenza.
En otros países, en los que la presión de la opinión pública es más rigurosa, un parlamentario que hubiera incurrido en una conducta como la de estos legisladores paraguayos, se hubiera suicidado. En nuestro país, no existe tal costumbre, pero al menos debieran tener el buen tino de renunciar y retirarse de la vida pública.
No lo harán porque no les importa el daño que pueden hacer a la institucionalidad del país. Pero, de quedarse en sus cargos, serán como espectros que no advierten que hace rato están políticamente muertos.
mcaceres@abc.com.py