La medida es una forma de censura a los derechos de los ciudadanos, que cansados de que sus representantes en el legislativo municipal defiendan los intereses privados y sectarios, vienen reclamando con ímpetu que cumplan su rol de contralores de primera instancia.
El presidente de la Junta Municipal, Carlos Ferreira (ANR), procesado por la fiscalía por asociación criminal y otros; Nelson Peralta (ANR), quien también fue procesado cuando fungía de administrador de la comuna y que ya lleva cuatro periodos como concejal; Hugo Lezcano (ANR), Osvaldo Gómez (PLRA), Ovidio Ortiz (PLRA) y Dorotea Villareal (PLRA), decidieron querellar por difamación, calumnia e injuria al joven Pastor Filártiga, dirigente del grupo Chekuerái (Estoy harto) y a la pobladora Antonia Rojas por haberlos tratado supuestamente de ladrones.
Estos ediles permanentemente buscan la manera de victimizarse ante la reacción ciudadana por sus desacertadas e injustificables acciones en detrimento de la ciudad y sus ciudadanos. Son viejos zorros disfrazados de ovejas con aires de dictadores que se escudan en las leyes.
La implementación a malsalva del cepo (inmovilizador de vehículo por supuesta infracción) fue la gota que colmó el vaso de los ciudadanos, cansados de vivir en la ciudad que pese a tener uno de los presupuestos municipales más importantes del país, es una de las más sucias, con calles desordenadas y llenas de baches.
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Lo que estos concejales deben entender es que los ciudadanos que aman a su municipio por encima del fanatismo por los colores despertaron para luchar por un San Lorenzo mejor para todos sus habitantes.
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