Su sincero enojo se debe a que efectivamente cree que un miembro del Congreso tiene derecho a acompañar a contratistas públicos en los asuntos que sus contratos demandan.
Y por el relato que Dionisio hizo de su acompañamiento a Chamorro Lafarja, se puede pensar que los contratistas públicos creen, también, que ellos tienen derecho a pedir a los miembros del Congreso ese acompañamiento.
El diputado que debe perder su investidura Carlos Portillo (PLRA Alto Paraná) es el autor intelectual de una definición absolutamente precisa y completamente verdadera del Paraguay que están construyendo demasiados integrantes de la “clase” política: Un Paraguay oligárquico en el que nosotros, los comunes, pagamos impuestos para sostener el enriquecimiento de la oligarquía, en el sentido aristotélico del término (“1. f. Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. 2. f. Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político”).
Quiero recordar que construir una oligarquía utilizando instrumentos democráticos de acceso al poder no es un fenómeno nuevo o extraño; de hecho, ya Aristóteles (384-322 antes del cristianismo) desarrolló acabadamente el tema en su “Política”. La democrática República Romana fue transformada en oligarquía de derecho con la reforma constitucional del emperador Tiberio. La democrática República de Venecia fue transformada en oligarquía de derecho con las reformas constitucionales del siglo XIII.
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Por eso, evitar ese proceso fue una de las preocupaciones centrales de la Convención Constituyente norteamericana de 1787.
El caso del contrato con IPS de Chamorro Lafarja confirma que desde la “clase” política se está legislando contra el pueblo y a favor de la construcción oligárquica.
El artículo 40 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas no establece ninguna provisión destinada a la trazabilidad financiera de los integrantes de las Unidades Operativas de Contrataciones ni de los comités de evaluación de licitaciones de las entidades públicas, posibilitando que los contratistas controlen absolutamente a dichos organismos para confeccionar pliegos formulados a su medida.
La Ley 4743 de financiamiento político y sus modificaciones tampoco permiten la trazabilidad financiera de cada candidato a cargos electivos, posibilitando que los contratistas controlen a diputados, senadores, gobernadores, intendentes y concejales de nuestra República que, en consecuencia, legislan a favor de ellos y de sí mismos.
Y, por supuesto, el diputado cartista que también debe perder su investidura Hugo Ramírez lanzó ahora una ofensiva en redes sociales para impedir que las cuentas financieras de los políticos y los contratistas sean públicas, trazables y revisables.
En síntesis, integrantes de la “clase” política legislan para beneficiar a contratistas públicos, generando un círculo vicioso, de la democracia a la oligarquía, en el que ellos controlan todo, ganan todo y nosotros, los comunes, les pagamos la fiesta.
evp@abc.com.py