La denuncia planteada ante el Ministerio Público es resultado de un minucioso análisis de los resultados de una auditoría externa, análisis que involucró a un grupo de profesionales cuyo concurso fue solicitado por el intendente Luis Yd (Alianza) ante la presión ciudadana, por lo tanto, se puede presumir que fueron encontrados suficientes elementos como requerir la intervención del Ministerio Público.
La decisión de llevar la causa ante la mismísima Fiscalía General del Estado y no ante la fiscalía local permite hacer la siguiente lectura: de que el intendente municipal, Luis Yd, tiene fundadas dudas respecto de la independencia e imparcialidad de los fiscales locales, atendiendo al dato no menor de que, quienes serán investigados y eventualmente procesados, son personas de cierto “peso específico” en el mundillo político doméstico de la próspera capital de Itapúa, y podrían hacer de contrapeso a la necesaria independencia con que deben actuar los investigadores.
Recordemos que los responsables finales de esos tres años de administración sometidos a auditoría son los exintendentes Juan Schmalko, Élida Bartonchelo, Joel Maidana y Hugo Barreto, todos de la ANR. El primero de los citados incluso aspira a ser gobernador de Itapúa. Atendiendo a la impronta en nuestro sistema judicial, existen razonables dudas acerca de su eficacia e imparcialidad cuando de “poderosos” se trata.
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