La Constitución Nacional (Artículo 75) dice que la “educación es responsabilidad de la sociedad y en particular recae en la familia, el municipio y el Estado”. Destaca a la familia en primer lugar porque le corresponde por el Derecho Natural y además lo confirma la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Pero el Estado, que reconoce en la misma Constitución Nacional la libertad de educación de la familia, desde 1992 que promulgó la Constitución no ha producido la ley que regule esta esencial responsabilidad de la familia al mismo tiempo que se comprometa a cumplir su obligación de ayudar a las familias para que puedan ejercer su derecho de educar a los hijos, capacitándolos para la vida.
La vida humana se ha hecho cada vez más compleja y consecuentemente cada vez es más difícil capacitar a los niños para vivir. La verdad es que actualmente ninguna familia tiene por sí sola competencias y saberes suficientes para poder capacitar a los hijos para vivir con razonable autonomía, por eso las sociedades han creado por sí y por medio del Estado instituciones educativas que ayuden a introducir en la cultura de la comunidad y a prepararse para poder entrar en la comunidad sabiendo trabajar y convivir con las reglas de juego del mundo que los recibe en los distintos escenarios sociales, laborales, profesionales, religiosos, políticos, etc. Por eso existen escuelas, colegios, institutos de formación profesional, universidades.
Pero jamás las instituciones educativas podrán sustituir a la educación familiar. Es más, las instituciones deben trabajar en coordinación con las madres y padres de sus alumnos porque se trata de dos procesos educativos muy diferentes y complementarios, no sustituibles.
La educación familiar es radicalmente integral, porque asume a los hijos en su total integridad. Es una educación impulsada por el instinto genético que está trascendido por el instinto de conservación de la especie y está motivado por el amor. Es una educación que no tiene horario porque está activa a todas horas, no tiene vacaciones ni descanso. La presencia de los educandos en el mundo interior afectivo y mental de las madres y los padres es permanente, incluso en la ausencia física y la distancia de los hijos. Es una educación gratuita, generosa y creativa, que frecuentemente tiene que descubrir soluciones pedagógicas ante preguntas y comportamientos sorpresivos.
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El Estado, que representa los intereses y existe para el Bien Común de la sociedad, debe ayudar a las familias para que eduquen bien a sus hijos y las familias entreguen a la sociedad hijos sanos, bien educados, miembros contribuyentes al bien común. Los derechos y las responsabilidades de las familias y las obligaciones del Estado deben estar garantizados y protegidos con el amparo de una ley de educación familiar.
El Estado, mediando las exigencias de la ley, debe proteger a las familias que por vivir en pobreza no están en condiciones de educar y sus hijos carecen de las condiciones de educabilidad. Es de justicia y a nadie le conviene que crezcan ciudadanos sin educación.