La que a fuerza de periódica contrastación con la realidad se convierte en prejuicio que condiciona nuestras acciones y pensamiento.
Como actores sociales, los políticos contribuyen con su discurso y conducta a instalar ese tipo de ideas. Una de ellas volvió a aparecer en estos días.
Fue en el 2000 cuando ante el intento de destituir con un juicio político al entonces contralor Daniel Fretes Ventre se le atribuyó al liberal Julio César Yoyito Franco el haber argumentado “tenemos que protegerlo porque es chancho de nuestro chiquero”.
Franco negó haber dicho la frase, pero el desenlace del caso y muchos otros episodios posteriores similares, de corporativismo político e impunidad, terminaron de instalar el pensamiento de que muchos castigan al adversario y protegen al aliado, midiendo la gravedad de los hechos con varas absolutamente diferentes.
Uno de esos episodios se dio cuando años después se planteó el juicio político al presidente Luis González Macchi.
Había suficientes elementos para destituirlo por mal desempeño de funciones, pero pese a ello varios senadores lo protegieron, porque si González Macchi era destituido debía ser reemplazado en ese entonces por Juan Carlos Galaverna, presidente del Congreso Nacional.
En medio del debate durante el juicio, el senador liberal Gonzalo Quintana ensayó un sólido discurso sobre la responsabilidad política y las consecuencias de los actos políticos.
Ante la argumentación de algunos de que no era un momento oportuno para destituir al presidente, Quintana expuso ante el pleno que no existe otra oportunidad más que la que se tiene en un momento determinado de la historia: “¿cuál es el momento oportuno: el próximo año, el próximo siglo? Esta es la única y la última oportunidad que tenemos para pronunciarnos” argumentó, reclamando a sus colegas que siempre se quejaban de la impunidad y de la falta de castigo judicial pero que teniendo esta oportunidad para emitir una señal clara de que no tolerarían la corrupción, se echaban para atrás con el pretexto de que no era el momento político.
De nada sirvió la exposición. Y, en un juicio en el que nadie defendió a González Macchi, este finalmente salió ileso, al no reunirse los 30 votos necesarios para destituirlo.
Esta semana el senador Enrique Bacchetta, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, emitió un mensaje en su cuenta de Twitter calificando de injusto el proceso que afronta el diputado oficialista Ulises Quintana y comunicándole a su correligionario y amigo que también esperaba que pronto pueda recuperar su libertad.
Ante la indignación de los fiscales, gremios de abogados y las masivas críticas ciudadanas, Bacchetta anunció a las pocas horas que se inhibiría de participar en los casos que afecten en el Jurado a la fiscal Lorena Ledesma, una de las investigadoras del caso.
Pero, como juez de jueces, Bacchetta ya emitió un mensaje que condiciona el futuro, disparando una flecha sin retorno, ya que si incluso Quintana es finalmente absuelto, la sospecha de injerencia política en el proceso quedará instalada.
Pese a todo, algunos de sus colegas ya anticiparon que no votarán para sacarlo del Jurado, porque si deja el órgano debe ser reemplazado por su suplente, el cartista Javier Zacarías Irún.
El caso de Bacchetta plantea una oportunidad. De esas de las que hablaba Gonzalo Quintana en aquella sesión del juicio a González Macchi. La de bajar la guillotina política para que quien venga sepa que se expone a lo mismo en caso de inconductas.
Una nueva oportunidad, de definir, si se defienden principios o personas.
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