Cuando se desata una situación de inestabilidad, hay señales visibles de incomodidad o deterioro, pero también hay signos imperceptibles. Los más visibles son, por ejemplo, la corrida de ahorristas, escasez de productos de consumo en la góndolas, quiebras de empresas y bancos, desempleo, entre otros. Como los indicadores macroeconómicos funcionan bien hasta ahora en nuestro país, según los economistas, especialmente si se los comparan con los de otros países, la beligerancia política no tendría por qué afectar al desempeño económico de la nación.
La deducción lógica sería entonces que al no haber corrida ni escasez; por qué preocuparse de lo que ocurre en la política, teniendo en cuenta el principio de que si el estómago no reclama, no hay de qué preocuparse. Es cuando salen a aflorar los signos imperceptibles de los problemas económicos como resultado del inestable ambiente político.
Pongamos atención en la postura de los gremios empresariales criticando la situación de inestabilidad política que se crea con la persistencia del oficialismo y de sectores de la oposición por imponer la reelección presidencial, además de criticar la irresponsabilidad de la cúpula política de empujar al país hacia un probable escenario de confrontación. Ellos están viendo algo aún imperceptible: la probabilidad de situaciones que nos perjudicarán a todos basada en decisiones postergadas, aplazamientos, demoras, interrupciones, descontrataciones, cambios en la toma de decisiones, etc.
En los pronunciamientos de los gremios empresariales se deslizan justamente los indicadores imperceptibles del daño a la economía que produce la politiquería criolla. Uno de ellos es el que menciona Feprinco al destacar que las decisiones políticas son las que definen la suerte del país, sacando a relucir de esta manera que la mala decisión política que habrá de tomarse en materia de torcer la Constitución incidirá en el futuro del Paraguay, con pronóstico reservado.
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Los inversionistas, los empresarios y los financistas son personas que planifican puntillosamente los pasos que habrán de dar con el fin de obtener rentabilidad, expandir sus negocios y provocar el reparto de los beneficios en el sector social. Por consiguiente, un estado de inestabilidad, de incertidumbre y riesgo, es el peor escenario que pueda existir para el desempeño eficiente de sus actividades.
En un país, como el nuestro, con un Estado exageradamente intervencionista, que lejos está de hacerlo con criterio de una ética de solidaridad, es una verdadera alerta que los empresarios rompan la tradicional comodidad del silencio y el statu quo para enfrentar al socio poderoso que concreta la mayor parte de las compras y servicios del sector privado.
No se puede decir que la voz del empresariado sea la voz política de una oposición disfrazada, primero porque se supone que el empresariado ahora está en el poder, o por lo menos uno de ellos está a cargo. Además, no existe otra candidatura presidencial por la cual el empresariado se haya inclinado como para pensar que lo hace de manera interesada para favorecer a “su” candidato.
Los empresarios, igual que los políticos, saben que cuando un gobierno trata de forzar el marco constitucional es porque existe una agenda oculta para el futuro, que no obstante resulta evidente: trabajar por un proyecto personal y grupal que inevitablemente será excluyente y, por ende, desequilibrante y perturbador de las leyes de la economía de mercado.
No lo dicen, pero intento interpretar en los mensajes de la Feprinco, UIP, Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Centro de Importadores, ADEC y otros que existe un fundado temor de la producción, la industria, el comercio y las finanzas de que detrás de la reelección con una candidatura impopular se esté dibujando un todavía difuso populismo en ciernes, como para sostener un modelo a base de más deudas, más impuestos y más corrupción, tal como aconteció en otros países del continente. Si no es así, espero la desmentida de los gremios empresariales.
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