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Los proyectos provienen del partido Frente Guasu, que busca implementar un gravamen del 15% a la exportación de granos en estado natural (soja, maíz y trigo); y otro, presentado por dos senadores del Partido Liberal Radical Auténtico, en el que se establece una tasa del 15% de las utilidades para las personas físicas o jurídicas que exporten soja en grano, aceite y harina de soja.
Aunque se diga, tal como se afirmó en la Comisión de Hacienda, que ambos documentos colisionan en su misma filosofía, la realidad es que esta aseveración no tiene fundamento. Ambos proyectos tienen la misma finalidad. El que uno grave en estado natural y el otro lo haga de acuerdo a las utilidades, no hace la diferencia. Ambos proyectos en realidad no son más que una muestra de esa manía de legislar todo aquello que de alguna manera u otra está generando ganancias en el sector privado, como si las ganancias fueran perjudiciales para las demás personas y carezcan de efectos positivos sobre la economía en su conjunto.
Aquel delirio de legislar proviene, entre otros, de una matriz intelectual por la cual se desconoce el beneficioso efecto multiplicador de la actividad empresarial, la que menosprecia; como ocurre en este caso con la soja, el ingreso de divisas, compras y ventas de bienes como semillas, máquinas, fertilizantes, con la movilidad de los factores de producción como el trabajo, el capital y la tierra que, finalmente, también contribuye en todo ese proceso con impuestos para el Estado, como efectivamente buscan los legisladores.
Pero no les resulta suficiente. ¡Deben pagar más!, dicen, sin argumentos de racionalidad y de sentido común. El delirio por imponer la coerción no tiene límites. La ley que se pretende no hará más que penalizar la movilidad de la inversión en el sector rural para provocar una herida a la producción agrícola. Los legisladores no quieren entender que de los ingresos provenientes de la soja también se destinan hacia otros rubros necesarios para la agricultura familiar, como el poroto y el maíz.
Tampoco el delirio legislativo deja ver que un impuesto en el sector rural en nuestro país es doblemente dañino que si se lo estableciera en un país con costas al mar. Ese desvarío les deja ciegos para no ver el importante costo que crearán en un país mediterráneo como el nuestro, cuyo valor de incidencia en el comercio internacional repercute en el orden del 30 por ciento sobre el valor del producto.
Solo este indicador debería ser suficiente para evitar crear más costos sobre la agricultura, más aun debido a la importante caída de los precios de los commodities verificada en la actualidad a nivel mundial, que ya empieza a afectar a los países como el nuestro todavía altamente dependientes del clima y el suelo. El delirio de legislar es tan fuerte que avanza raudamente aun cuando signifique sacar el pan de la boca a las mismas familias campesinas sobre quienes supuestamente se dice estar a favor.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.