El dueño

En el prólogo de la obra del conocido periodista argentino Luis Majul, “El dueño: la historia secreta de Néstor Kirchner, el hombre que maneja los negocios públicos y privados de la Argentina” (Buenos Aires, Grupo Editorial Planeta, 6ª edición, Argentina, 2009), se describe una situación calcada, de las que se dieron como consecuencia de la firma del entreguista Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973: “… Los que aceptaron formar parte del proyecto se han enriquecido desmesuradamente, al mismo ritmo que el expresidente. Los que se resistieron han sido perseguidos y castigados, pertenecieran al mundo de la política, al gremial, al empresario o a los medios de comunicación”.

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“El dueño prueba que las consecuencias de la corrupción son siempre las mismas: más pobreza, más desocupación, más inseguridad, menos educación y más subdesarrollo”.

Desvío del objeto y fin del Tratado

Gustavo De Gásperi ya había propuesto gestionar la nulidad del Tratado de Itaipú según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Una primera medida, cuyo dictamen pudiera sustentar las prescripciones del Código Civil paraguayo para una posterior demanda a la representante de la Eletrobrás en Paraguay.

Todo ello, a causa de la extrema asimetría, 93% contra el 7%, en el aprovechamiento de la producción hidroeléctrica.

Para el notable jurista, de feliz memoria, quedaba patente el insolente desvío del objeto y del fin del acuerdo que concertaba la partición igualitaria, entre los dos países, de la energía generada por la central hidroeléctrica.

Sin embargo esta asombrosa inequidad, que hipoteca nuestra soberanía energética, no quitaba el sueño a nuestros gobernantes de turno, salvo rarísimas excepciones. El statu quo, garantizado por una coraza jurídica y una Corte a la medida, abría la posibilidad de una prosperidad sin límites a un minúsculo círculo palaciego inamovible.

No obstante, los tiempos cambiaron y con ellos los escenarios.

Nuevos tiempos

Presidentes de países, altas autoridades de confederaciones regionales deportivas, empresarios y empresas de renombre, contratistas y políticos hoy están presos, algunos extraditados fuera de la región. Sufren entre rejas, delatando a sus amigos del crimen organizado, para rebajar sus condenas.

La justicia, lenta pero segura, los tiene del cogote y no hay humano consciente en este planeta que, sin las garantías del efímero poder, se propusiera desafiar los brazos largos de la ley.

Los ejemplos abundan, en particular los referidos a aquellos criminales de guerra que asesinan sin contemplación.

Entre ellos pululan los delincuentes de la paz, que sin rubor se agencian para defraudar las esperanzas públicas, arrebatando de las cajas fiscales los haberes para la niñez pauperizada, para la salud sobrepasada, para la educación desatendida, para la vivienda digna.

Estos ladronzuelos de la dignidad pública, no son más que sinvergüenzas que se regodean entre sus cómplices de sus bienes malhabidos, productos fraudulentos de dolos al Estado.

Nuevas atribuciones

No obstante, una nueva figura delictiva fue transparentada recientemente por ABC Color, generando la atención de la opinión pública paraguaya. Saltaba a la vista, la estafa a los consumidores de ambas márgenes sin más remedio que batallar con una tarifa cara de electricidad.

Lamentablemente, la partitura fue la obra maestra de los órganos de administración de la binacional hidroeléctrica. Los dueños, a instancia del Ejecutivo de turno:

1.- Decidieron, desde el 2003, la acción social como otra misión de la entidad binacional.

2.- Resolvieron, para llevar a la práctica el ilegal compromiso, vender energía en vez de potencia.

Estas nuevas realidades, no contempladas en el acuerdo de 1973, cabe añadir a las pretensiones de Gustavo De Gásperi reclamadas a la Convención de Viena.

Las nuevas responsabilidades, ideada por los cráneos de ocasión para mantenerse en el cargo y satisfacer a sus jefes, no a sus pueblos, son ilegales por donde se las mire.

Pareciera una paradoja hacer el mal para promover el bien, un oxímoron. En realidad, no es otra cosa que hacer el mal inventando de una clasificación y venta de energía, no de potencia, como especifica el Tratado.

Es así que a la energía garantizada –que cubre todos los costos de servicio de electricidad con base en una tarifa que se obtiene dividiendo dicho costo por la energía firme– se le agrega otra, la no garantizada, que es vendida muy barata a las compradoras. Con este ardid, los gastos sociales, que no forman parte del Presupuesto General de la Nación, evade el control estatal con aparente destino.

Este, un buen dinero articulado en los pliegues de la acción social y ambiental, a disposición de los ocasionales socios políticos, nutre las faltriqueras de los que, sin solución de continuidad, forman filas para abordar el próximo tren del crimen organizado.

juanantoniopozzo@gmail.com

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