Ahora bien, ¿alguien puede tener alguna duda de que Paraguay es un importante centro, no solo de tránsito, sino de producción y tráfico de drogas y de lavado de dinero? Por absurdo que parezca, el Gobierno sí, y gran parte de las élites políticas y económicas, también, y gran parte del resto de la ciudadanía, también, eso es lo grave, no el informe del Departamento de Estado ni de ningún otro organismo, sino la sistemática actitud de negación que tenemos como sociedad ante, quizás, la mayor amenaza estructural que enfrenta la República.
Acá nos preocupa un poco el avance del crack en las barriadas, cada tanto nos impacta alguna noticia de algún asesinato particularmente violento, solemos jactarnos de que tenemos la mejor marihuana del planeta, nos indignamos por fallos favorables y evidentemente comprados a favor de los narcos, a nivel oficial nos conformamos con incautaciones o destrucciones por muestreo y arrestos frecuentemente irrelevantes, mientras día a día constatamos la corruptela profunda en la fuerza pública, pero, en general, consideramos que la droga es un problema lejano, secundario, a lo sumo confinado a algunas zonas alejadas y fronterizas, importante en otros países, no en el nuestro, nos escudamos en que solo somos “de tránsito”.
Todo esto está muy lejos de la realidad. Para empezar, como se sabe, Paraguay es uno de los mayores exportadores mundiales de marihuana, que es, a su vez, la droga ilegal más vendida del mundo. Hace rato ha dejado de ser un país de simple tránsito de cocaína, hay sobradas evidencias de la existencia de laboratorios procesadores en territorio nacional, que es asiento de todas las mafias de la región, cuyos lugartenientes están bien colocados en puntos clave de la justicia y de la política local y nacional.
La droga en Paraguay está horadando hasta los cimientos la institucionalidad de la nación, hay comunidades enteras que la tienen como su casi única fuente de ingreso, está en el epicentro del incremento de la criminalidad y la violencia y constituye la principal fuente de financiamiento de grupos armados extremistas.
El canciller Loizaga se queja de que el Departamento de Estado no ha tenido en cuenta los esfuerzos del país, pero la verdad es que la situación solo ha tendido a empeorar, queramos admitirlo o no. Y lo verdaderamente preocupante es que este gobierno, como todos los anteriores, insiste en minimizar la realidad en vez de reconocer su magnitud y poner el problema en el corazón de la agenda pública.
La gran prueba de ello es que no participa ni muestra voluntad de participar en el importantísimo debate que se está produciendo en este mismo momento en el mundo sobre las necesarias reformas que requiere la política internacional sobre las drogas, que no ha dejado de sumar fracasos desde que Richard Nixon les declaró la “guerra” en los años setenta.
Del 19 al 21 de abril se realiza en Nueva York la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas. Los representantes paraguayos seguramente irán, se dormirán en las discusiones, cuando les toque el turno se referirán a los “esfuerzos” de los que habla el canciller, luego se plegarán sin más al documento “consensuado” de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, y volverán a seguir con más de lo mismo.
En cambio, habrá países y líderes de la región que alzarán su voz contra una estrategia que ha dejado sembrados nuestros países de víctimas sin ningún resultado. El consumo ha crecido en vez de bajar, los únicos beneficiados han sido los narcos, gracias al fortalecimiento del mercado negro y el aumento del precio por el factor riesgo, y ejércitos de burócratas, proveedores y miembros de fuerzas de seguridad que ya han recibido cientos de miles de millones de dólares en este barril sin fondo y sin sentido.
Contra esto vale la pena protestar, no contra informes que no hacen otra cosa que decirnos la verdad.
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