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El formulario distribuido por el Ministerio de Educación, “Registro Único de Estudiantes”, a través de sus preguntas y los datos que pide tanto de los alumnos como de sus familiares, viola en todo momento el artículo constitucional mencionado. Es, a todas luces, un acto anticonstitucional. Autoridades del ministerio dijeron que el objetivo de este formulario, que debe ser llenado de manera obligatoria para poder matricularse, es “obtener datos socioeconómicos” de las familias de los alumnos”. Se puntualiza que “los datos suministrados tienen carácter de declaración jurada” (por lo cual no se puede mentir) y que los datos obtenidos se utilizarán “para fines de diseño y ejecución de políticas públicas educativas y sociales”.
La directora general de Planificación del Ministerio de Educación (MEC), Celeste Mancuello, dijo que lo que se persigue es “identificar factores que inciden en la repitencia y en la deserción de estudiantes, de manera a que el Ministerio tome acciones preventivas y se pueda disminuir la cantidad de alumnos en estas situaciones” y que se “se busca formar políticas educativas dirigidas a acciones vulnerables” (sic).
Toda esa información se puede obtener perfectamente bien sin necesidad de preguntarle al alumno cuál es su nivel económico, en qué trabajan sus padres, el tipo de vivienda en que vive, el número de habitaciones, ¡el número de teléfono de sus padres! y temas similares. Si esto no es invadir el ámbito de privacidad al que “debería tener” derecho todo ciudadano, entonces ¿qué es? Para más inri, y de acuerdo a declaraciones hechas por la misma funcionaria del ministerio, el formulario será obligatorio en los colegios públicos mientras que en los privados no. ¿Y por qué no?
Decisiones de esta naturaleza tendrían que provocar pánico. En el año 1948, el escritor inglés George Orwell, con el objetivo de criticar el régimen stalinista que imperaba en la Unión Soviética escribió su célebre libro “1984” en el que los ciudadanos son meticulosamente controlados mediante un sistema de cámaras de televisión que los espían incluso hasta en los momentos más íntimos de sus hogares. Incluso el sexo se practica bajo el ojo vigilante del Big Brother (Gran Hermano). Pues en esto estamos.
El Ministerio de Educación “reina” sobre un ejército de profesores y alumnos que supera en número, varias veces, al que tiene a su cargo el Ministerio de Defensa. ¿Se detuvieron a pensar en el grado de influencia de esta secretaría de Estado? El control al que quieren llegar tiene alcances similares al Gran Hermano del libro de Orwell. Toda esa información en manos de los “técnicos” en educación, no me inspira ninguna confianza. Peor: me pone al borde del espanto.
Los centros estudiantiles que organizaron ejemplares marchas aquí tienen un tema más para agregar a sus reivindicaciones: no a la invasión de la privacidad de los alumnos, ni de colegios públicos ni de colegios privados. Este espionaje disfrazado de “políticas educativas dirigidas a acciones vulnerables” sumado al que ya llevan a cabo los militares sobre ciudadanos que les resultan molestos, nos va llevando rápidamente a un régimen totalitario. Si el ministerio de Educación está tan preocupado por conocer las causas del fracaso de tantos alumnos, bien podría comenzar por averiguar cuál es el nivel del profesorado y, sobre todo, la calidad de sus planes de estudio.
jesus.ruiznestosa@gmail.com