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De fondo, subyace un tema que en algún momento se deberá abordar, al menos si queremos evitar terminar siendo un Estado fallido: el financiamiento de la actividad política en nuestro país con dinero de dudoso origen (para decirlo elegantemente).
El caso concreto del diputado Quintana trasciende lo legal. La Constitución y el Código Electoral lo habilitan a candidatarse mientras no exista una condena judicial firme en su contra.
La discusión apunta a la legitimidad de que compita en las elecciones una persona que está acusada de tener vínculos con el narcotráfico.
Cuando se habla de este tema, abunda la hipocresía porque se lo trata como si fuera algo aislado o como si Quintana fuese el primer candidato polémico que tenemos en el escenario político.
En Paraguay está preso un tipo que siendo intendente se dedicaba al narcotráfico y que mandó asesinar a un periodista y a otras personas.
También en nuestro país, durante una sesión ordinaria del Senado, en noviembre de 2014, el entonces senador Arnaldo Giuzzio leyó un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que, con documentos, expuso una lista de diputados y dirigentes políticos vinculados al tráfico de estupefacientes.
La denuncia solamente motivó en aquel entonces un moderado escándalo por algunos días. Hubo enojos, desmentidas, pero los parlamentarios continuaron en sus cargos tranquilamente y todo concluyó en el folclórico oparei.
En declaraciones hechas ayer, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recordó que el expresidente Horacio Cartes también fue vinculado al mencionado delito. Se refería a que en julio de 2012 la senadora Lilian Samaniego, entonces presidente de la ANR, y el senador Javier Zacarías Irún, entonces candidato a presidente de la República, reclamaron a Cartes que aclarase sus vínculos con el narcotráfico, tras declaraciones del presidente uruguayo Pepe Mujica sobre la narcopolítica en Paraguay. Los dos senadores se volvieron después cartistas.
Criticar el narcotráfico es fácil para cualquier político. El problema se plantea cuando surgen investigaciones judiciales y procedimientos que afectan a alguien que aporta dinero para la campaña de ese mismo político.
Da la impresión de que muchos dirigentes siguen minimizando el problema del narcotráfico, casi tratándolo como un mal necesario para el “normal” funcionamiento del sistema. Esa actitud posiblemente nos lleve a terminar como otros países que conviven con la violencia y el crimen como cuestiones cotidianas.
El presidente Mario Abdo Benítez prometió devolver la institucionalidad tan vapuleada durante la anterior administración. En el discurso, mantiene esa postura de respeto a la independencia de los poderes. Sin embargo, su entorno más cercano: el vicepresidente, el ministro del Interior, el presidente del Congreso y el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, todos ellos de su equipo político, dan mensajes equívocos.
Algo parecido ocurrió con el caso de la senaduría de Horacio Cartes, que Abdo Benítez dijo que le correspondía. Finalmente, se frustró esa posibilidad, imponiéndose lo que su entorno quería y, según dicen, lo que el mismo presidente deseaba pero no podía admitir públicamente.
mcaceres@abc.com.py