No sabemos si los parlamentarios les obedecerán, pero en todo caso esta “loable” decisión no solucionará la cuestión de fondo, porque el alegre reparto de dinero público está legalizado y los responsables de que sea así son los dirigentes políticos, especialmente los de partidos con mayor caudal electoral. Las preguntas son: ¿están en verdad dispuestos los dirigentes a cambiar esta situación? ¿Lo harán? ¿Cuándo?
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), creado por la Constitución de 1992, fue diseñado por la clase política que nos tocó en suerte en los primeros años de la transición democrática para ser un antro de despilfarro y corrupción. Supuestos líderes políticos y maleantes varios, sin ninguna vergüenza, se dedican desde entonces no solo a dar sueldos a operadores políticos y parientes sino también aprovechan para que el Estado les pague salarios a sus amantes y empleados particulares.
Esta situación no la desconoce nadie que esté medianamente informado, aunque con seguridad ni la Contraloría ni la Fiscalía, organismos manejados por los políticos, van a descubrir nunca alguna irregularidad.
El argumento de los partidos para repartirse cargos en la Justicia Electoral viene dado por un párrafo del artículo 87 de la Ley 635/95 que dice: “las designaciones de funcionarios las hará el TSJE de conformidad con la idoneidad y, en lo posible, con la proporción de bancas que los partidos o movimientos políticos tienen en la Cámara de Senadores”. Nada más.
El TSJE, institución encargada de inscribir a los ciudadanos y organizar elecciones, debería ser un organismo eminentemente técnico, con algún control de los partidos políticos. Pero es exactamente al revés: miles de funcionarios que son operadores políticos y algunos técnicos.
Actualmente están al frente de la Justicia Electoral un falsificador de tesis doctoral, un pyrague de la dictadura stronista y un señor entrado en años cuya presencia justifica la multitud de planilleros que ubicó su partido en los últimos años. Cada uno representa a sus respectivos partidos políticos (PLRA-ANR-Unace). Si estos impresentables manejan esa institución, quiere decir que lo pueden hacer mucho mejor personas honestas y honorables.
Vale agregar que, además de la vía libre que tienen los políticos para dar sueldos a quienes se les ocurra a través de esa institución electoral, también consagraron por ley que el Estado debe proveer de millonarios subsidios y aportes anuales a sus partidos, sin ningún control. A esta altura, no hay razón para que toda la ciudadanía deba mantener a los partidos políticos. Deberían hacerlo sus afiliados y simpatizantes.
Si algunos candidatos, presionados por los medios de comunicación, pretenden ahora presentarse más o menos como salvadores de la patria por negarse al reparto de US$ 50 millones, y si realmente tienen intención de cambiar esta situación, deben decir con todas las letras que en algún momento, lo más pronto que puedan, pondrán fin a este sistema.
De lo contrario, el anuncio de que por esta vez no darán dinero a la Justicia Electoral tiene un valor muy relativo. Son simples expresiones electoralistas para embaucar a ciudadanos incautos que, por suerte, cada vez hay menos en este país.