Otra muestra más es la actuación del actual intendente de San Bernardino, Luis Aguilar (PLRA), quien dio vía libre para la construcción de una gasolinera en un área protegida a orillas de un arroyo que desemboca en el lago Ypacaraí, ubicado a escasos 300 metros del predio donde se realiza la obra.
Según el propietario del emprendimiento, Daniel Ramírez Díaz de Vivar, llegó a un acuerdo con la Municipalidad. A cambio de un pedazo de terreno de 240 metros cuadrados supuestamente para la construcción de una plazoleta y casetas destinadas a oficinas turísticas y de seguridad, Aguilar envió una nota a la Secretaría de Ambiente (Seam) en la que dice allanarse al amparo judicial otorgado a Ramírez Díaz de Vivar.
El empresario promovió el amparo cuando la Comuna suspendió el permiso de construcción de la gasolinera. Bastó la misiva del jefe comunal para que la Seam levante el aplazamiento de la licencia ambiental que pesaba sobre el emprendimiento.
Llama la atención la miserable actuación de las personas que más deberían velar por la protección de este recurso natural, que está agonizando a causa de la contaminación a la que es sometida diariamente. El lago será sometido a una exposición continua a componentes peligrosos, como hidrocarburos y aceites.
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Los vecinos se preguntan qué autoridad moral puede tener el intendente Luis Aguilar para exigir que se deje de contaminar el espejo de agua y que el Gobierno Nacional aplique proyectos para su recuperación si él mismo permite la instalación de emprendimientos que son potencialmente contaminadores. ¿Un mísero pedazo de tierra es el precio que le puso al lago?
desire.cabrera@abc.com.py