Nada que ver. Continúan solamente porque quienes tienen la atribución y el deber de evaluar sus conductas y tomar las medidas que corresponden, es decir los parlamentarios, están más preocupados en tratar de evitar imaginarios o reales planes a favor o en contra de la reelección presidencial. Están más atentos a buscar acuerdos políticos para colocar a sus candidatos y, si no pueden hacerlo, prefieren que todo quede igual, con el cuento de que “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Impulsar una verdadera limpieza en el Poder Judicial, incorporando personas creíbles al frente de la Corte, es algo que, para ellos, todavía puede esperar.
Contrariamente a lo sucedido con otros casos, el juicio político a los integrantes del máximo tribunal se demora demasiado. Las acusaciones se aprobaron en la Cámara de Diputados a principios de diciembre de 2014. Posiblemente, la mayoría de la gente ni siquiera recuerde ya cuáles eran los cargos contra los ministros. En cambio, sienten que aquello de justicia pronta y barata no se aplica en nuestro país.
En todos los periodos en los que se planteó modificar la pésima imagen del Poder Judicial sacando a algunos ministros cuestionados y poniendo en su lugar a otros, los actores políticos siempre daban la impresión de que su prioridad era implementar un cuoteo. El objetivo real era que los líderes de turno pudiesen colocar a “sus” ministros en uno de los 9 sillones de la institución.
La forma en que se ha llevado adelante el proceso actual motiva las mismas dudas por las ansias de poder que muestran algunos dirigentes.
No es casual que las dos veces que, desde la vigencia de la actual Constitución, la clase política se ha planteado “mejorar” la Justicia en nuestro país, el camino propuesto ha sido el de cambiar a varios ministros a la vez.
Este mecanismo no ha tenido el efecto esperado, a juzgar por los resultados. Sin embargo, se vuelve siempre a plantear lo mismo. Da la impresión que el objetivo es un cambio mágico de la Justicia, como si eso fuera posible.
En realidad, si hubiera una intención sincera, los cambios en el Poder Judicial se harían en forma gradual y racional. Es evidente que el mal desempeño de funciones de los magistrados, particularmente de quienes ahora están en el ojo de la tormenta, no surgió de repente.
Un dirigente político me decía en estos días que ellos saben del manejo de los ministros, cada uno de los cuales tiene a su cargo una circunscripción territorial, que abarca uno o más departamentos. Suelen viajar los días jueves, supuestamente a ocuparse de los problemas de esos distritos. Pero, lo que hacen, munidos de un generoso viático, es ir a sus estancias a descansar, encontrarse con sus amigos y correligionarios, manejándose como si fueran duques en sus condados.
Saben eso, pero no actúan, no implementan los mecanismos para terminar con esta situación. Prefieren esperar que algún medio de prensa investigue, se desate el escándalo mediático y se cree un escenario para sacar a varios ministros a la vez, repitiendo esta práctica cada periodo.
De esta manera, conseguirán que la gente crea cada vez menos en las buenas intenciones de sus dirigentes y llegará a un punto en que el deterioro de las instituciones ponga en riesgo la confianza en el sistema democrático que tanto sufrimiento, exilio y persecuciones costó conseguir.
Todavía estamos a tiempo para que la clase política se tome en serio su tarea para evitar el riesgo de que algunos advenedizos, inescrupulosos y con escasa vocación por la democracia se enquisten en el poder del país.
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