Hace más de un año que en la Cámara de Senadores yace en paz una propuesta de juicio político a tres miembros de la Corte que fuera solicitado por Diputados. Cada vez que un parlamentario quiere abordar el tema, siempre aparecen excusas de índole política y la pelota se vuelve a patear hacia algún futuro incierto.
Paralelamente, los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia contribuyen a enturbiar el panorama al haber jurado por un período de cinco años y luego se autoproclaman inamovibles. Ante esto, ¿qué autoridad jurídica y moral puede tener un juez que jura solemnemente que desempeñará el cargo con capacidad y eficiencia por cinco años y luego se declara vitalicio? ¿No es lo que hacen los dictadores cuando se apropian del poder y después se niegan a abandonar el sillón presidencial?
La seguridad jurídica es un elemento esencial e insustituible de una democracia genuina. Pero dicho factor es imposible de garantizar cuando el sistema judicial tiene tantas falencias y los vaivenes de la política partidaria tienen fuerte injerencia en la composición y en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
Parte central del problema es que cada líder político que llega al poder quiere tener una Corte Suprema a su medida. Varios expresidentes de la República intentaron realizar cambios profundos en el sistema judicial pero únicamente consiguieron repetir los errores del pasado y reemplazar a algunos jueces serviles al poder por otros de la misma laya.
Las constantes denuncias de serias irregularidades y corrupción en los tribunales ordinarios, en la Fiscalía General del Estado, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en la Corte Suprema de Justicia constituyen serios obstáculos en el esfuerzo colectivo por construir una sociedad más democrática, progresista, solidaria y con justicia social.
Los individuos en particular, las empresas privadas y las instituciones públicas sienten el lastre de una justicia impredecible, tambaleante y frágil ante el grito de poderes fácticos, sean estos económicos, políticos o sociales.
Nuestros jueces son demasiado flexibles y moldeables ante los intereses de los grupos de presión. No existe aquello de que “la ley es dura pero es la ley” ni que “todos somos iguales ante las normas jurídicas”. Los líderes políticos, las personas de gran fortuna y también los jefes mafiosos conocen las debilidades del sistema judicial y sacan provecho de la situación.
En el camino hacia una sociedad mejor, necesitamos jueces más justos y, sobre todo, más honrados y firmes en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Cambiar tres ministros de la Corte no soluciona el problema, pero ojalá sea un buen paso inicial.
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