Es un secreto a voces que ciertos y determinados personajes de la política y el mundo de los negocios históricamente fueron evasores de los impuestos inmobiliarios, con la inacción cómplice de los administradores de turno, complacientes con los manguruyúes, pero implacables con el vecino de a pie.
Yd tiene el imperativo de cobrar a estos propietarios morosos. Su administración tiene la oportunidad –y la obligación– de impulsar acciones legales, tanto contra aquellos que en forma maliciosa y deshonesta dejaban fenecer los plazos de reclamo para favorecer a sus “amigos” políticos o allegados comerciales como contra aquellos propietarios que se valían de la fragilidad del sistema y de sus “influencias” para evadir dolosamente el cumplimiento de sus obligaciones.
Los intendentes que consintieron esta acción deberían ser procesados por lesión de confianza, pues incumplieron y violentaron el mandato de velar por los intereses de la comunidad, causando perjuicio económico a la administración.
Así también, es imprescindible que se investigue el origen de la deuda de la Comuna.
¿Cómo se entiende que la Municipalidad, con un presupuesto anual de unos G. 60.000 millones, donde prácticamente todas las obras de infraestructura fueron pagadas por la EBY, llega a acumular una deuda que supera el presupuesto anual de muchos municipios del interior del departamento juntos.
La gente votó el cambio en las últimas elecciones municipales y espera ver resultados. Encarnación ya no está dispuesta a callar. Espera de sus mandatarios firmeza y coraje para desenmascarar a los indecentes que históricamente se aprovecharon del poder para beneficio propio, en detrimento de los demás.
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