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La crónica dice que el comisario de Alto Paraguay Héctor Caballero detuvo a un conductor, que no portaba documento de identidad al mando de un camión que estaba transportando ganado sin guía de traslado. No solo los detuvo sino que dio intervención del caso a la fiscalía.
El comisario dice haber recibido después la llamada del diputado colorado de la zona, José Domingo Almada quien le ordenó liberar tanto al conductor como al camión cargado de animales, además de amenazarlo de que si no lo hiciere buscará su inmediata destitución. El diputado se defendió con el argumento de que efectivamente lo llamó, pero para que proceda de acuerdo con la ley y para no excederse en sus atribuciones, dada las reiteradas denuncias de corrupción que tiene sobre la actuación del citado jefe policial.
Hay cuestiones básicas en este conflicto que no requieren pruebas de la vedad, como por ejemplo que en casi todos los departamentos, no solo en Alto Paraguay, existe tráfico ilegal de algo. Pueden ser ganado, rollos, drogas, mercaderías, etc., y en todos esos lugares hay comisarios y diputados.
Todos los delincuentes operan con el apoyo de padrinos que pueden ser comisarios, fiscales, parlamentarios o magistrados. La regla general es que los padrinos casi nunca dan la cara por sus protegidos, y cuando se producen choques de intereses, los padrinos recurren a su vez a sus padrinos mayores para buscar un arreglo, el cual consiste generalmente en “respetar el negocio del amigo”.
¿Qué pasa cuando el “perjudicado” no es amigo? Tendrá que hacer concesiones ajustando los intereses económicos a los intereses políticos. Es por eso que en las internas aparecen con mayor facilidad estos desencuentros y el problema termina cuando se suelta la soga en la parte más débil. (ipo’ihápe oso la piola).
En otras palabras, el comisario debería ir preparando la maleta para –cuando menos– un traslado, a no ser que “desde arriba” prefieran evitar el escándalo y obliguen al superior del uniformado a ordenar lo mismo que el diputado seguido de la misma advertencia del parlamentario con respecto a su permanencia en el cargo.
Sin embargo, no porque las cosas funcionen así significa que sean correctas. Un fiscal tuvo que haber actuado frente a la grave denuncia de un jefe policial, que públicamente estaba diciendo que un parlamentario hizo “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”, según lo establece la Constitución como causales de pérdida de la investidura.
O mejor dicho, el comisario Héctor Caballero tuvo que haber denunciado él mismo al diputado ante la Fiscalía. ¿Por qué solo lo hizo en el caso del chofer? ¿Por qué esa discriminación entre sospechoso de segunda y sospechoso de primera categoría? Un comisario tiene todas las facultades de poner a disposición de fiscales a los personajes que infringen la ley. El hecho de inhibirse ante un político es un mal ejemplo cívico para la sociedad, ya que con ello demuestra que la impunidad no solo es un déficit de la justicia.
Un diputado, por su parte, carece de atribuciones para recibir denuncias de corrupción y procesarlas por su cuenta, y mucho menos sin intervención de la justicia. En realidad ambos deberían ser procesados, el comisario por flojo y sectario y el diputado por abuso de poder.
El problema es que para eso necesitamos un Estado de Derecho.
ebritez@abc.com.py