Existen discusiones sobre la diferencia entre historia y memoria; entre memoria colectiva y memoria viva; política de la historia y política de la memoria. Todas estas disputas tienen que ver con cuestiones ideológicas y tal vez con celo profesional o disputas de protagonismo. Lo cierto es que después de la caída de las dictaduras militares en países del continente, se fueron creando grupos de víctimas y esfuerzos solidarios con ellos para tratar de poner énfasis en las investigaciones y sanciones a los responsables, además de valorar el pasado y el testimonio de sus protagonistas, tratándolos con respeto y esperanza.
Pero lo que siempre justifica el intento de mantener viva la memoria colectiva es la contribución que con ella se hace a no volver a repetir los hechos y situaciones negativas, especialmente aquellos con trágicas repercusiones en el presente y futuro del país.
Uno de esos episodios dictatoriales se produjo el 22 de marzo de 1984 con la clausura del diario ABC Color, arbitrariedad que duró casi cinco años. Previamente, varios periodistas fueron detenidos, entre ellos el director, quien además sufrió un atentado en su residencia, los vehículos distribuidores fueron retenidos y finalmente impedidos de salir de los talleres de impresión.
Lo curioso, tal vez para los jóvenes, es que la Constitución vigente en aquella época garantizaba la libertad de prensa. El art. 73 decía tajantemente: “Será libre el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas. No se admitirá la prensa sin dirección responsable, ni la publicación de temas inmorales”. Es más, otro artículo habla de que la “libertad de expresión y la de información, sin censura previa, son inviolables, y no se dictará ninguna ley que las límite o imposibilite”.
Sin embargo, el diario fue clausurado con una simple resolución firmada por el ministro del Interior, Sabino A. Montanaro, previamente validada por la Junta de Gobierno del Partido Colorado en sesión reservada, y bajo juramento de secreto absoluto de cada uno de sus miembros. Por supuesto que el relato o la historia oficial trata de mantener ocultos estos datos: la grosera violación y burla a una Constitución, la prevalencia de una simple resolución por sobre la Carta Magna, el abuso cometido por un alto funcionario, la cobardía de una Junta de obsecuentes para permitir tamaño atropello, seguida de la pusilanimidad de un Poder Judicial liderado entonces por Luis María Argaña y finalmente aplaudido en cadena por el pelotón de adulones.
De eso se trata la dictadura actuando en torno a un episodio histórico, que fácilmente podría volver a suceder si la ciudadanía pierde en esta lucha “entre la memoria y el olvido”.
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