Por ejemplo, en estas últimas semanas en el Congreso se aprobaron mejores condiciones para los médicos, odontólogos y bioquímicos que trabajan en la función pública, los trabajadores del sector doméstico, un grupito de funcionarios privilegiados, etc. Los legisladores que votaron a favor lo hicieron por un compromiso electoral y otros arrastrados tal vez por sus colegas y el populismo que tanto les gusta para cazar votos.
Para evitar susceptibilidades no haremos juicio de valor en este caso sobre si estos grupos merecen tal o cual beneficio. Están en su derecho de pelear mejores condiciones laborales y les asisten convenciones internacionales.
Pero los legisladores no tienen derecho de “bombardear” por tierra, agua y aire nuestros bolsillos en beneficio de sectores bien determinados por el simple hecho de cumplir un pacto político mientras el gran porcentaje de la ciudadanía aún tiene demandas insatisfechas. Dicho de otra manera, ¿por qué tenemos que pagar beneficios personales y renunciar a nuestro bienestar en pro de lo ajeno? A todo esto se sumó el “impuestazo”, palabra que no les gusta a los tecnócratas del gobierno y lo disfrazan con la liviana frase de: reforma tributaria. Esta iniciativa arrancó desde el Ejecutivo y se aprobó en primera instancia en el Senado gracias al pacto entre colorados (cartistas y abdistas) y un sector liberal (los llanistas). De más está decir que se sancionará en Diputados, donde hay mayoría simple colorada. Es decir, estamos fritos porque para los políticos el pacto está por encima de la gente. Si estamos equivocados, entonces que lo rechacen.
Peligrosamente desde el Congreso están “dinamitando” la cada vez más escuálida economía de familias trabajadoras honestas, que contribuimos nerviosamente y con esfuerzo al fisco pero no recibimos los beneficios que nos prometen en las campañas políticas como buena educación, salud pública, rutas, puentes, desagüe cloacal, seguridad jurídica y ciudadana, transparencia, cargos por méritos, etc.
Al contrario, gobierno que asume rifa beneficios para sus amigos, se conceden licitaciones, cargos en binacionales, recategorizaciones, nombramientos, etc., mientras padres de familias, jóvenes con títulos universitarios sin padrinos políticos ingenuamente empapelan las instituciones públicas en busca de una oportunidad, que nunca llega. Esto mismo le recordó el dirigente misionero Diego González al presidente Mario Abdo Benítez el viernes pasado en la ciudad de San Ignacio, lo que arrancó el aplauso espontáneo de los presentes.
Al mismo tiempo el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Humberto Colmán, disparó la alerta roja porque la Caja Fiscal también está perdiendo agua por culpa del populismo parlamentario. Dijo que este régimen de jubilaciones que se aprobó en estos días amplía el déficit. O sea, tendrá un costo de 0,9% del PIB para el periodo 2019-2056, lo que hoy equivale a US$ 360 millones.
Y el IPS es como un Titanic que va directo al Iceberg. Había sido que le estaban metiendo mano a esa Caja sin piedad y ningún capitán ni marinero –pagado por todos nosotros– advertía de tal situación. ¿Será que no veían?
Ya desfilaron de todo frente al Congreso. Pero falta que los que realmente mantienen al fisco y al IPS – trabajadores y patrones– se unan para frenar de una vez por todas estas decisiones legislativas y exigir la renuncia de la cúpula del ente previsional. Si no reaccionamos ahora, seremos esclavos de la Corona.
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