Es la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal u Opaci, por sus siglas, creada en la década del 60 y transformada en ONG en 1997.
Sus socios, los municipios, nos cobran en su nombre por registros de conducir, habilitaciones de vehículos y hasta transferencias de inmuebles.
Es uno de esos monstruos engendrados con un discurso, pero convertidos en la práctica en una simple caja recaudadora. Su presidente, Ricardo Núñez, nos dijo esta semana en la 730 AM ABC Cardinal, que el año pasado recaudaron casi 17.000 millones de guaraníes, aunque evitó aclarar que eso fue solo por los registros, ya que en realidad la ONG por diversos conceptos recaudó casi 42.000 millones. Al preguntarle qué daban a cambio de ese dinero, aseguró que “capacitaban” a los municipios para la expedición de los registros.
Cualquiera que conozca mínimamente cómo funcionan algunas municipalidades se dará cuenta de que esta es una tomadura de pelo. En la gran mayoría de los municipios, para obtener un registro solo es cuestión de cumplir un ritual burocrático mínimo y pagar.
Por cada registro que se renueva, Opaci recibe 20.000 guaraníes, que se deben multiplicar por los cientos de miles de registros que son renovados anualmente, para dimensionar una parte de este negocio.
¿Y el Estado? La Contraloría pudo haber auditado el manejo de este dinero, pero históricamente hizo la vista gorda, como lo admitió su propio asesor jurídico Diego Marcet, quien asegura que al recibir dinero público de las municipalidades, se puede verificar la gestión fiscal y patrimonial.
¿Pero por qué entonces tiene tanto poder? “Sus representantes son políticos, que hacen lobby permanente en el Congreso”, ensaya como respuesta el senador Eduardo Petta, que se compromete a trabajar para intentar acabar con el superpoder que otorga ahora a Opaci, a través de ese lobby, la nueva Ley de Tránsito y Seguridad Vial.
La ley vigente da la potestad a Opaci de ser la intermediaria de coordinación con los municipios, para expedir los registros de conducción. Es decir, una ley nacional que establece privilegios para convertir a una ONG en supervisora de las municipalidades
Un negocio que mueve miles de millones y que tiene en los hermanos Núñez a las cabezas visibles desde el 2006. Basilio, el asesor del presidente Cartes, fungía como asesor de Opaci hasta hace un tiempo con una dieta de G. 12 millones al mes.
Ahora apareció en el firmamento el nombre de una empresa, Inventa SA, a la que Opaci adjudicó en setiembre del año pasado la potestad de realizar tests psicofísicos a los interesados en obtener sus registros. Consultado sobre esta empresa, el presidente de Opaci dijo que no recordaba quiénes eran sus representantes, en coincidencia con la misteriosa desaparición de la noticia de la adjudicación a la empresa del portal oficial de la organización.
En definitiva, un Frankenstein que huele muy mal, y que a diferencia de la novela de Mary Shelley no creo que termine con la autoinmolación del monstruo.
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