Estrategia dictatorial para asegurarse con gobierno de Trump

El presidente Donald J. Trump no fue recibido como buena noticia por las dictaduras del socialismo del siglo XXI (SSXXI) en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, pues representa cambios inevitables en la política exterior estadounidense que, en los últimos años, les permitió expandirse y ejercer el liderazgo político latinoamericano.

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Raúl Castro, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, autoproclamados enemigos antiimperialistas de Estados Unidos y caracterizados por permanecer en el poder con perseguidos, presos y exiliados políticos, estructurar narcoestados y relacionados con el terrorismo de origen islámico, han puesto en marcha una estrategia para asegurarse con el gobierno de Trump.

Un repaso de la situación de esas dictaduras demuestra: Cuba, con el heredero Raúl Castro, pese a la gran ayuda de la normalización de relaciones con EE.UU., es un país que está oficialmente en recesión económica, repone prácticas del periodo especial, mantiene presos políticos, reprime a la resistencia local, persiste en su política comunista, es feudo del dictador y su grupo político familiar. Ejerce el liderazgo político latinoamericano desde la muerte de Hugo Chávez, con la complacencia y reconocimiento del Gobierno norteamericano como lo demuestra el asunto Colombia-FARC y el manejo de la crisis en Venezuela, entre otros. Por su control en las decisiones de política exterior de la mayoría de los países de la región, Cuba maniobra desde fuera en la OEA y ejerce liderazgo en la ONU negociando con su paquete de votos articulado con base en Petrocaribe y relaciones con países declarados enemigos de Estados Unidos, como Norcorea.

Venezuela, con Nicolás Maduro, se estableció como la principal colonia castrista. Es su fuente de recursos económicos y trinchera de defensa de la dictadura cubana. En los últimos años en Venezuela se libra la batalla por la liberación de los pueblos de América del oprobio antidemocrático instalado por Castro y Chávez, porque si cae la dictadura venezolana, los demás gobiernos del SSXXI tendrán una vida corta.

La crisis económica con hiperinflación, miseria, hambre, inseguridad, narcotráfico y crímenes de Estado es una crisis humanitaria disfrazada por la complicidad de una temerosa comunidad internacional que permite al castrismo un “vergonzoso diálogo” para dividir a la oposición y confundir al pueblo. Señalada como narcoestado, centro de sospechosas operaciones con el terrorismo islámico, Venezuela puede liberarse muy pronto o verse condenada a ser una segunda Cuba.

Ecuador tiene elecciones el 19 de febrero, en las que Rafael Correa no será candidato, pero todo está preparado –fraude incluido– para prorrogar la dictadura. El régimen está acosado por la corrupción; señalado en el caso Odebrecht, aunque Correa lucha personalmente para que ni el Departamento de Justicia ni los fiscales brasileños liberen los nombres de corruptos, en una campaña en Estados Unidos, donde con éxito hasta ahora hace de la defensa de la corrupción una cuestión de Estado.

La crisis económica solo se disimula por la dolarización, Ecuador se ha convertido en corredor del narcotráfico, mientras su gobierno aún se jacta de haber expulsado al embajador norteamericano y quitado la base antinarcóticos norteamericana de Manta, entre otras acciones, y protege, en su Embajada londinense, a Julián Assange (como eventual moneda de cambio).

Bolivia, en poder del dictador y dirigente cocalero Evo Morales desde hace 11 años, está señalada como un narcoestado cuya producción de droga ha inundado Argentina (convertida en el principal consumidor de cocaína), Brasil, Chile, y establecido una conexión con Venezuela (acusada oficial). La ruta narco nace en las bases sindicales de Evo Morales, sigue por Venezuela, México y el Caribe con rumbo hacia EE.UU.

La mentira y la comisión pública de delitos son las características de Morales y su equipo gubernamental, que ya no pueden ocultar la crisis económica ni la corrupción. Aunque ahora intentan que Evo retenga el poder, pese a la decisión manifestada por el pueblo boliviano en el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando dijo NO.

Nicaragua, con Daniel Ortega y Rosario Murillo, consolidaron una dinastía dictatorial del modelo castrista. Incorporados a la burguesía local como nuevos ricos, se jactan de la estabilidad y protección a la inversión extranjera y juegan a dos estribos con el SSXXI y el TPP (Trans-Pacific Partnership) para “tranquilizar al Imperio”, mientras auspician la reunión del Foro de São Paulo, que analiza la crisis provocada por las pruebas de corrupción institucionalizadas desde los gobiernos de Lula y Rousseff en Brasil.

La crisis económica, política y social del SSXXI señala su final. Pero ahora, con el presidente Trump, deben “apaciguar la amenaza del cambio de gobierno en el imperio”, y para ello despliegan acciones frontales de relaciones públicas (PC) contratadas en EE.UU., lobbies de alto nivel y precio, prensa afín y grupos de presión internos para mantener la falacia que “la estabilidad de Cuba estabiliza la región y favorece a los Estados Unidos”, mientras con otra mano agitan la subversión y las acciones de calle en territorio extranjero, al extremo que en la propia 5ª Avenida de Nueva York se han escuchado en español: “El pueblo unido jamás será vencido” (vieja consigna del castrismo en Latinoamérica) con la que han acabado con decenas de gobiernos democráticos. [©FIRMAS PRESS]

Abogado y politólogo. Director de Interamerican Institute for Democracy y colaborador de Diario Las Américas.

Carlos Sánchez Berzaín (*)

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