Uno de los principales blancos para el combate fue el sector dedicado a la venta de aparatos de teléfonos celulares, tanto los ilegales como aquellos con ropaje legal. Esto ya desató una manifestación de los comerciantes de la zona del Mercado 4 de Asunción, que no quieren ser tildados de reducidores, es decir, de vender mercadería robada.
No es un secreto que por el principal centro de abastecimiento ya hubo casos concretos, donde una investigación fiscal y policial pudo llegar hasta quienes comercian aparatos de origen ilegal. Sucede ahí y en gran parte del territorio nacional, hasta en los barrios, algunos ofrecen los celulares de última tecnología a precios muy por debajo del mercado legal.
Casi nadie piensa que al adquirir objetos de dudosa procedencia podemos estar convirtiéndonos en cómplices de algún delito, como robo agravado que pudo haberle costado la vida a alguien.
Las autoridades de seguridad también tendrían que empezar la tarea de verificar las actividades de las casas de empeño. Los propietarios de estos locales no deben temer los controles, a no ser que estén operando al margen de las leyes y lógicamente lo quieran ocultar.
Alguna vez nuestro país debe formalizarse para poder exigir a autoridades de turno los resultados que tanto esperamos. A boca llena pedimos que se respeten nuestros derechos, pero muchas veces rehuimos de nuestras obligaciones.
Existen sobradas leyes y ordenanzas que regulan las diversas actividades, sea del comercio, la convivencia entre los vecinos y otros. Sí faltan autoridades capaces de hacerlas cumplir.
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