¿Feliz año?

Los paraguayos somos exageradamente optimistas, sobre todo al inicio de cada año. Como país hemos pasado por hechos brutales, pero nos hacemos de la esperanza de que ahora vendrán días mejores. No hay ninguna posibilidad de tales días, pero nos aferramos a la idea de que todo será distinto. No, no será distinto por la sencilla razón de que las personas en cuyas manos está el cambio, son las mismas que van a continuar en sus funciones desde donde llenaron el país de dificultades.

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Está la Cámara de Diputados, por ejemplo. Desde la democracia, no hemos tenido a parlamentarios –con las excepciones de rigor– tan faltos de moral e idoneidad. Comienza con el presidente, Miguel Cuevas, que tiene un rosario de denuncias por corrupción cuando fue gobernador de Paraguarí. Con tales antecedentes se le hizo sentar en el sillón presidencial, con tan mala suerte para una veintena de antiguos funcionarios a quienes los cambió por la gente que trajo de su departamento en pago por favores recibidos. Su inmoralidad e ineptitud no le permitieron respetar la carrera del funcionariado. En la Fiscalía duermen las bien documentadas denuncias por aquello de la inmunidad parlamentaria, que los congresistas la convirtieron en impunidad.

Cabe recordar que en noviembre de 2013 el diputado Jorge Ávalos había presentado un proyecto de ley “que reglamenta el artículo 191 de la Constitución Nacional”. Este artículo expresa: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones...”

En el Art. 2º del citado proyecto se lee: “En los casos de hechos punibles que no guarden relación con las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones, regirán las reglas previstas en el Código Procesal Penal”. Naturalmente, el proyecto se archivó. Los parlamentarios no iban a llevarse la soga al cuello. ¿Qué es ese atrevimiento de amenazar con el Código Procesal Penal a un senador o diputado que comete delitos comunes? Ya se dijo que son ciudadanos especiales.

El rechazo expresó la intención de seguir amparando a los diputados y senadores requeridos por la justicia por causas que nada tienen que ver con sus opiniones emitidas “en el desempeño de sus funciones”.

De todos modos, no hace falta una ley que reglamente el art. 191. Solo debe cumplirse y punto. Ante los muchos casos de senadores y diputados con sospechas de cometer delitos fuera de sus funciones específicas, reaparece el debate de siempre: ¿El fuero parlamentario permite la impunidad de los delitos comunes? Categóricamente no, pero hay quienes entienden que sí al solo efecto de socorrer a posibles maleantes a la espera de que en alguna ocasión reciban los mismos favores. Es el popular “hoy por vos y mañana por mí”.

La inmunidad que blinda a los parlamentarios es para que expresen sus opiniones sin las ataduras a la posibilidad de ser procesados. Para esto sirven los fueros. O deberían de servir. Otros vienen con antecedentes más o menos limpios, pero al encontrarse con la eventualidad de delinquir sin consecuencias judiciales ni políticas se meten de lleno en la tarea incansable de alzarse contra la ley y la decencia.

Frente a este panorama –hay otros peores– que va a seguir rigiendo la vida nacional, ¿qué cambio podemos esperar? De parte de los parlamentarios corruptos, nada. Y quienes no lo son se hacen cómplices al apoyar los actos claramente delictivos de sus colegas.

Hay una inmensa mayoría de paraguayos que desea un año mejor para el país. Pero nada puede hacer cuando una minoría, que maneja el poder político, se mantiene en sus propósitos delictivos.

alcibiades@abc.com.py

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