El mismo informe señala que “el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) dijo además haber reportado 277 casos de niñas y adolescentes embarazadas y matriculadas en centros educativos durante este año escolar. De estos embarazos, se consideran fruto de un abuso sexual los registrados hasta los 14 años”.
“En cuanto a 2014, el número de niños nacidos vivos en partos de adolescentes que manejó el Ministerio de Salud Pública es de 684 entre niñas de 10 a 14 años”.
En estos días, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que entre los meses de enero y febrero de este año el hospital distrital de Villeta (a menos de 40 km de Asunción) registró 245 embarazos en adolescentes (de 12 a 19 años). Indican también que dos niñas de 12 años tuvieron sus bebés en el servicio.
Esos números son oficiales, y omiten –lógicamente– a los invisibles para el sistema, que no acceden a la salud ni a la educación. ¿Significan estos números que hay como una embestida de abusos sexuales y de embarazos de niñas y adolescentes? De ningún modo. La diferencia es que actualmente se sabe y se habla un poco más (se estima que se toma conocimiento del 10 por ciento de los casos).
Intenté averiguar el accionar del Ministerio Público en estos graves casos. Y llegué a la conclusión de que usualmente los fiscales (no todos) trabajan como defensores de los abusadores y violadores pese a que la Constitución Nacional les impone la obligación, como representantes de la sociedad, de investigar los hechos.
Cuando la indiferencia de quienes están obligados (acción pública) a investigar y acusar es prácticamente la única respuesta, podemos, parodiando a María Elena Walch, cantar con angustia que “un violador es vigilante y el otro es juez”.
Busqué en el diccionario sinónimos de la palabra indiferencia, y encontré desidia, desinterés, apatía, indolencia, desgano, abulia, pereza, abandono, inercia, dejadez, entre otras. Ante la obligación constitucional de investigar de los fiscales, no hacerlo nos lleva a tener que agregar una palabra: CORRUPCIÓN. Una corrupción que siquiera se maquilla... y que nos la restriegan en la cara.
Cuando hay menores de por medio, la investigación debe ser de oficio. No se necesitan denuncias. Las pocas personas que se animan a denunciar no perciben interés alguno. Los fiscales en estos casos practican el salto con garrocha sobre la Constitución y las leyes. La falta de investigación es casi la constante. Un divorcio total y absoluto entre obligación y acción, que nos lleva a la conclusión de que a la violación del violador se le agrega la violación institucional.
Se sabe que –casi siempre– las familias cuentan hasta 10 millones antes de realizar una denuncia sobre abuso. Y si la mamá es pobre, al denunciar corre el riesgo de ser imputada por complicidad y por violación del deber de cuidado, que fue lo mejor que se le ocurrió a cierta fiscala.
El Ministerio Publico ¿es cómplice, encubridor o defensor? Pienso que los tres juntos.