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Fondos sociales de Itaipú son ilegales

Este artículo tiene 10 años de antigüedad

Itaipú es una central hidroeléctrica construida sobre el cauce del río Alto Paraná. El curso de agua hace de límite entre Brasil y Paraguay; ambos países son copropietarios de la represa binacional.

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La misión de Itaipú es generar energía limpia y barata. Para tal menester, el costo de la potencia contratada debe ser igual costo del servicio de electricidad. Los componentes del costo del servicio de electricidad son suficientemente honrados con los ingresos provenientes de la potencia contratada por la Eletrobrás y por la ANDE. Queda claro que la operación está fuera de cualquier margen de utilidad.

No obstante, desde 2002, por resolución del Consejo de Administración, modificando el Tratado, se amplió la misión de la entidad binacional añadiéndola temerariamente una responsabilidad social.

En el 2005, aunque sin ratificación parlamentaria, Nota Reversal mediante, se confirmó la resolución del año 2002, modificándose de facto la misión de Itaipú.

Para las acciones de responsabilidad social eran necesarios, aunque no fueran estipulados en el Tratado, los fondos sociales. Para ello, los órganos de administración del ente, resoluciones mediante, se agenciaron para clasificar básicamente la energía en dos: garantizada y adicional a la garantizada. Desde entonces, Itaipú comercializa energía en vez de potencia.

Con los ingresos de la energía firme o garantizada, se podía atender igualmente todos los componentes del costo del servicio de electricidad. Entre ellos, los royalties para ambos países y resarcimientos por administración y supervisión a la Eletrobrás y a la ANDE.

Mientras, los ingresos provenientes de la energía adicional a la garantizada, sin compromisos con el costo de servicio de electricidad y sin control estatal alguno, estaban disponibles (¿para los fondos sociales?) al arbitrio de los órganos de administración. No es de extrañar entonces el empoderamiento de Itaipú.

Con una capacidad adquisitiva varias veces superior a cualquier institución estatal, sumado el blindaje jurídico suministrado por la justicia paraguaya, necesariamente fortaleció su condición de un tercer Estado inclinado al servicio de Brasil.

Lamentablemente, a Itaipú no le inquietan los intereses de sus consumidores ni de sus pueblos. Sus administradores están más preocupados en subsidiar a la multinacional Eletrobrás y a sus prósperos accionistas y no a los pueblos condóminos, que sufren una energía cara que pudiera abaratarse de inmediato.

El Informe Sachs, redactado por el notable científico norteamericano, fue echado en saco roto. Impertérritos los funcionarios de la binacional pasan sus días robusteciendo al esperpento y a sus amigos que los sostienen. Todos, al unísono en contra del Estado paraguayo y sus aglomeraciones más carenciadas.

En los balances de la entidad binacional no se menciona la venta de la energía adicional a la garantizada. Se maquilla el ingreso producido por su venta con “retornos” o con “reembolsos de costos de energía no vinculada” (Ver Ingresos Operacionales del ejercicio 2015).

Al igual que Dilma, cuyo juicio político es causado por un “maquillaje” del presupuesto de gastos de la Unión, Itaipú sigue en el afán de esconder maquillando el origen de los fondos sociales que no encajan en ninguno de los términos del Tratado de Itaipú.

¿Hasta cuándo seguirá la mentira a los pueblos condóminos?

juanantoniopozzo@gmail.com

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