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Sin ánimo de justificar o defender las actividades de la FTC, quisiera aclarar, en principio, que el surgimiento de movimientos revolucionarios subversivos, como el EPP, es consecuencia de la ineficiente, inoperante y hasta ausente acción de las autoridades “políticas”; es la resultante de años de abandono (ausencia del Estado) de una población carenciada y desatendida en sus más elementales necesidades que le permitan acceder a mejores niveles de vida. O sea, este es un problema “político”, no militar, aunque sí requiere la participación operativa y pacificadora de la Fuerzas Militares para garantizar la seguridad necesaria a las “otras instituciones” de la acción política del gobierno empeñadas en satisfacer las necesidades de la población que desalienten el fortalecimiento y el apoyo del movimiento subversivo.
Aviesamente se da a entender que la FTC es la única responsable del problema; y en efecto, es la única que permanece en la zona, con limitaciones en medios y recursos, sin apoyo ni consideración de gobernaciones e intendencias (con rubros de merienda escolar, Fonacide y hasta royalties). Pese a todo eso, es la que obstaculiza el crecimiento y accionar del EPP, impidiendo el fortalecimiento de la estructura política y administrativa, mimetizada en instituciones del mismo estado y hasta con curules en el congreso que lo sustenta y apoya.
Conviene saber que las escuelas de la zona están en las mismas condiciones deficitarias de hace 15 años (sin rubros de maestros, sin útiles, sin instalaciones adecuadas). Los centros y puestos de Salud son instalaciones fantasmas que carecen de lo elemental, personal y medicamentos. Caminos vecinales intransitables y ausencia total de personal de las instituciones de asistencia social como Indert, MAG, MOPC, SNPP y otras.
A todo esto hay que sumarle la ineficaz y hasta desvergonzada corrupción de la dirigencia política (niñeras, caseros y mozos de oro, creación de clínica médica en el Congreso con pagos millonarios para atender a nadie, comisionados entre instituciones que no laboran en ninguna, excesivo gasto de personal en la administración pública, etc., etc.), que constituyen el escenario óptimo para el surgimiento y fortalecimiento de movimientos subversivos.
Llama la atención que, periódicamente, senadores de determinado signo político soliciten la derogación de la Ley por la que se organiza y opera la FTC, a fin de disolverla por falta de resultados e ingentes costos. ¿Qué les parece si por las mismas razones: ineficacia, altos costos y “otras”, solicitamos también la misma medida sobre las Cámaras del Congreso? Probablemente tendría gran apoyo de la ciudadanía al que yo, obviamente, me sumaría.
En síntesis, el EPP en el norte y su estructura de apoyo y sustento en todo el país es un problema “político”, cuya solución requiere el empleo de todas las instituciones del Estado, bajo el amparo, apoyo y seguridad de la FTC.