Hacia la Reforma del Sistema de Salud del Paraguay

Los paraguayos y paraguayas tenemos la obligación más que nunca de construir el futuro. Cada uno debe contribuir con sus ideas o actividades en el área de su mayor conocimiento. Si todos lo hiciéramos dejaríamos un mejor país para nuestros hijos del que recibimos. En el caso mío, en materia de salud. Aunque no soy el primero que aborda este tema, mi paso por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, me confiere una experiencia práctica de lo que he vivido y de lo que podemos mejorar. A nadie escapa que el sistema de salud de nuestro país es uno de los más atrasados de nuestro continente. Y esto es un fracaso colectivo, aunque los mayores responsables son aquellos que han conducido las políticas de salud en los últimos 50 años.

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En materia de la salud, lograr una substancial mejoría en el acceso y cobertura, con reducción al mínimo de las desigualdades, constituyen una tarea pendiente e impostergable del Estado paraguayo. Las desigualdades en el acceso a los bienes y servicios básicos, que se percibe en todas las áreas de la administración del Estado, en el ámbito de la salud, resulta dramática e insostenible. Y si incorporamos al análisis la calidad del gasto público, considerando quienes lo están pagando y viendo la participación del Estado en la torta presupuestaria, el resultado es, sencillamente, inmoral.

La dirección hacia el cual deben ir las políticas de salud pública debe ser hacia la cobertura universal de salud, la cual lejos de ser un beneficio laboral es un derecho ciudadano y debe ser considerado como una cuestión de Estado de alta prioridad cualquiera sea el signo político que detente el gobierno de la República.

El concepto de cobertura universal de salud concibe a la salud pública como un sistema capaz de brindar a todas las personas, a lo largo de las distintas etapas de su vida, la atención sanitaria integral, oportuna y con calidad que necesitan en el momento que lo precisen sin que dependa de la capacidad de gasto de las personas. Incluye la atención de las catástrofes en salud (cáncer, trasplante de órganos, cirugía cardiaca, enfermedades congénitas). La cobertura universal de salud es un derecho ciudadano amparada en la Constitución Nacional (Art. 68) y su implementación ha sido incluida como una recomendación fundamental por la Naciones Unidas en la Asamblea General del 2012.

Una buena salud de la población no debe analizarse exclusivamente desde la perspectiva sanitaria. Desde el informe sobre desarrollo mundial en 1993, lo que un país gasta en salud no debe ser visto como un gasto sino como una inversión. Una buena salud de la población no sólo es una consecuencia del desarrollo económico, sino que retroalimenta al mismo, ya que la gente saludable puede hacer más por la economía. Una población sana tiene mayor productividad, es más emprendedora, presenta mejor rendimiento educativo, permite que los niños puedan asistir a la escuela y aprender y finalmente impacta en reducción de la pobreza. Además, un sistema de salud eficiente no sólo mejora estos aspectos económicos mediante la mejora de la condiciones sanitarias de la población sino también permite a las familias obtener beneficios económicos adicionales.

En particular, cuando mejor es la protección financiera de las familias contra gastos médicos catastróficos, se reduce el riesgo de quiebra económica de las familias y hace que los ahorros y activos sean más seguros, lo que les permite ahorrar más; cuando muchas familias se benefician, el aumento de su actividad económica puede estimular mejor el desarrollo económico. El Informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud del 2001 llevó esta idea más lejos, mostrando que una mejora del 10% en la esperanza de vida al nacer se asocia con crecimiento económico anual del 0.3%-0.4%.

Por tanto, un sistema de administración de salud de buena calidad con acceso universal protege a los individuos de la enfermedad, estimula el crecimiento económico y ayuda en la lucha contra la pobreza al mantener sana a la gente. Además, contribuye a la armonía social al proporcionar el aseguramiento a la población que los servicios están disponibles en caso de enfermedad.

El sistema de salud del Paraguay radica básicamente en una combinación de servicios integrados por un sistema público de salud ofrecido por el Ministerio de Salud para la población de bajos ingresos, el servicio de seguridad social para los empleados formales y parte de sus familias (Instituto de Previsión Social) y los servicios privados de salud para los que tienen capacidad de pago. De menor impacto son instituciones que brindan asistencia a sectores específicos de la población como el Hospital Militar y el Policlínico Policial al permitir los mismos acceso exclusivo a personal militar y policial.

Las prestaciones del servicio de salud pública son actualmente gratuitas, pero limitadas a lo que el sistema dispone (gratuidad en las consultas, camas para hospitalización, limitados insumos, limitada capacidad diagnóstica y casi ausencia de medicación de alto costo). La coordinación ineficiente entre los tres subsectores (público, seguridad social y privado) agrava la situación atentando contra el uso eficiente de los recursos requeridos para alcanzar la cobertura universal de salud.

A manera de ejemplo, el sector privado de la salud que asiste al 3% a 5% de la población dispone de al menos 6 equipos de resonancia magnética nuclear (equipo de imágenes necesario para el diagnóstico de múltiples enfermedades, más importantemente enfermedades del sistema nervioso) en tanto el sector público que asiste al 75% de la población dispone de solo uno de capacidad diagnóstica limitada. Terrible expresión de la inequidad en salud. Pero también debe aclararse la limitada cobertura de los servicios privados de salud del Paraguay cuyas prestaciones orillan a la estafa. No contemplan cobertura para situaciones de alto costo, como atención de prematuros, enfermedades congénitas o preexistentes, cáncer, cirugía cardíaca, trasplantes y muy limitada cobertura en caso de hospitalización en cuidados intensivos, abarcando sus coberturas casi exclusivamente a cuadros de bajo o mediano costo (ej. consultas médicas, partos y cesáreas y cirugías de baja complejidad).

En la situación actual, toda la carga de alto costo recae finalmente en la capacidad de gasto de bolsillo de las familias (una minoría de los casos) y en caso de que ello no fuera posible por la capacidad económica (la mayoría de los casos) la atención recae en el sistema público de salud o en la seguridad social, cuya capacidad de cobertura al momento actual son insuficientes. Deberá regularse, por tanto, la prestación de los servicios de salud por las entidades privadas. A manera de ejemplo, entre sus prestaciones no deberían excluir a aquellos que tienen enfermedades congénitas, enfermedades preexistentes o enfermedades catastróficas. Esta visión ha constituido uno de los pilares fundamentales de la reforma de salud auspiciada en EE.UU. por el presidente Barak Obama (Obamacare).

*Profesor Titular. Universidad Nacional de Asunción. Miembro de la Academia Nacional de Medicina. Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigación. Ex-Ministro de Salud.

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