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Lo ocurrido lleva a concluir también que la práctica de hacer “negocios” millonarios con las instituciones del Estado, por medio de dudosas licitaciones y utilizando influencias políticas, continúa igual que en otros tiempos, pese al discurso oficial y a la publicitada frase “caiga quien caiga”.
La cuestión no se soluciona simplemente anulando una licitación que benefició a la empresa involucrada, como se hizo. Exige medidas drásticas y ejemplares que, aparentemente, el Gobierno no está dispuesto a aplicar.
Una de las primeras cuestiones que revela este caso es el intento del senador Amarilla de hacer pasar por normal que un parlamentario con evidente poder específico (nada menos que presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado) cumpla el papel de intermediario y garante de un acuerdo para detener publicaciones en la prensa por estar en juego negocios multimillonarios de un amigo del senador con empresas públicas y privadas.
El otro tema se refiere a la actitud del presidente de Instituto de Previsión Social (IPS) Armando Rodríguez, puesto en el cargo por el Poder Ejecutivo, que cumplió con la orden presidencial de dejar sin efecto la licitación, pero que ni siquiera amagó escandalizarse por los hechos revelados.
También es evidente que, por acción o por omisión (parecería que más por lo primero), este funcionario, es responsable directo de una cuestión que tiene todo el aspecto de ser un negociado. Igualmente, el hecho involucra directamente a los concejeros del IPS que no vieron ni escucharon nada irregular sobre la licitación.
Por cuestiones mucho menores que afectan al honor y al buen nombre de una persona, en otros países, algunos funcionarios públicos renuncian inmediatamente o hasta se suicidan. En el Paraguay, no somos tan dramáticos. Lo habitual es que el funcionario afectado por un escándalo ponga “su cargo a disposición” como si nadie supiera que todos los cargos del Estado que dependen de la lapicera del mandatario están a su arbitrio. Ese tipo de manifestaciones grandilocuentes e inútiles solo revelan la magnitud del caradurismo de quienes las pronuncian.
Ante los hechos revelados del caso IPS, no se puede sino pensar cuántos casos más de corrupción ya ocurrieron o están ocurriendo en este momento en las distintas instituciones del Estado.
La falta de reacción inmediata del primer mandatario en dar una señal contundente de que no admitirá dudas sobre la honestidad de sus funcionarios hace presumir que no cree que haya sido tan grave, lo cual es muy grave.
Por el lado del Senado, no actuar en esta situación implicará que consideran normal que un parlamentario intervenga a favor de un amigo que tiene dificultades con la prensa y con sus negocios con el Estado.
La apelación de Amarilla a la amistad como motor altruista de su acción recuerda al audio del exsenador colorado Óscar González Daher en el que aclaraba a la jueza que la llamaba “por amistad” y a favor de su amigo, el exintendente de Mariano Roque Alonso Walberto Zárate.
Las señales que den ahora los poderes del Estado con relación a este caso serán claves para darse cuenta que todo seguirá igual o que hay algún atisbo de querer acabar con la acostumbrada impunidad.
mcaceres@abc