Según estadísticas del Ministerio Público, existen unas 60.000 órdenes de captura emitidas y no cumplidas, solo el 5% del que comete un delito es procesado y un 1% es condenado. ¿Cómo se puede hablar de justicia al analizar estas cifras?

Nuestro sistema de justicia está tan corrompida que permite que personas que cometieron crímenes recuperen su libertad en poco tiempo y casi en forma inmediata vuelven a delinquir. Mientras, las víctimas viven en zozobra ante las amenazas de venganza de los criminales.

Los más beneficiados son los que tienen recursos para pagar abogados especialistas en manejar el sistema y a jueces y fiscales como mejor convenga. O los políticos que tienen influencia, tal como quedó demostrado en el caso de los audios filtrados de Óscar González Daher que desnudaron un tráfico de influencia y la podredumbre dentro del Poder Judicial.

Ingenuamente se piensa que creando más leyes se resolverá esa situación que indigna a la población que vive con integridad en nuestro país, cuando se necesita que la ley sea aplicada y las instituciones encargadas de aplicarla funcionen de forma independiente.

El principal desafío del Poder Judicial es recuperar la credibilidad sacando a los corruptos de sus filas, comenzando desde la Corte Suprema de Justicia hasta llegar al último Juzgado de Paz. La impunidad debe ser erradicada, es la única forma de que este país salga del retroceso. Ahora es la ciudadanía la que grita ¡Basta ya!

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