El Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) fue la punta de lanza de esta iniciativa que coronó con éxito las más de dos décadas de reclamos de la sociedad civil por una gestión transparente a sus gobernantes.
Esta ley aportó significativamente a la democracia concediendo puntos positivos para que Paraguay escale unos 20 lugares en el ranking de países menos corruptos según Transparencia Internacional.
A saber, desde la mirada del Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP) el uso de esta Ley como herramienta informativa ayudó en el último año a la explosión de una primavera informativa con emblemáticas publicaciones que desnudaron casos de corrupción en entes como la UNA, Contraloría, Indert, Salud y otros.
La Senatic ha puesto sus esfuerzos en el montaje de un sitio web para canalizar las solicitudes que, según la ley, deben ser atendidas en su totalidad.
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Los números del portal de internet informacionpublica.paraguay.gov.py nos cuentan que se recepcionaron 2.338 solicitudes, un promedio de seis por día. No es una cifra despreciable si nos atenemos a la cantidad; sin embargo, no podemos decir lo mismo sobre calidad de las respuestas.
Esto se debe a que todavía existe la creencia de que la información pública es propiedad privada del funcionario sea este civil, militar o policía. Como mal ejemplo reciente tenemos al comandante de las Fuerzas Militares, Luis Gonzaga Garcete Espínola, quien no solo se ha negado a responder una solicitud de información pública sobre el uso de combustibles en las Fuerzas Armadas, sino que intentó someter a ciudadanos comunes a reglas de su cuartel.
Con la promulgación de la Ley 5282, Horacio Cartes brindó la sensación de que haría un gobierno abierto y sí, hasta lo hemos celebrado. Convendría recordarle que un país en serio se construye no solamente promulgando leyes sino que las mismas deben cumplirse convenientemente, en especial cuando se trata de personas que están directamente bajo su mando.
El cumplimiento de una ley no puede ni debe dejarse al antojo e interpretación de quien, como Garcete Espínola, decide no cumplirlas, con el agravante de someter a los solicitantes a prácticas abusivas y retardatarias.
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