Desde la riada anterior (entre mayo, junio y julio), las autoridades que manejaban toda la información necesaria no fueron capaces de adoptar mínimas acciones para evitar la dolorosa realidad actual. Contando con los recursos económicos, los hombres y las máquinas que se requieren para levantar los terraplenes en los puntos críticos, optaron por concentrar sus esfuerzos y sus medios en la conquista de votos, abandonando a su suerte a los pobladores de ciudades ribereñas como Alberdi, Cerrito e Itá Corá.
La vieja historia del aislamiento por caminos cortados por las aguas es una muestra concreta del uso caprichoso de los recursos públicos y la visión cortoplacista de los que se encuentran al frente de las instituciones públicas. La reacción tardía ante hechos consumados, además de hacer que se derroche dinero en trabajos de muy dudosa efectividad contribuye a desdibujar la imagen de nuestra sociedad, que parece condenada a vivir en permanente estado de emergencia.
Si las personas que están al frente de las instituciones tuvieran mayor amplitud para dialogar y encarar acciones conjuntas, siguiendo la recomendación de los especialistas, no demoraría la solución definitiva. Con la información disponible y los antecedentes de riadas anteriores, las autoridades deberían avanzar en la adecuación de los caminos y la reubicación de las familias que viven en zonas inundables.
Si el uso de la razón no prima entre los dueños de las decisiones, lo más probable es que dentro de 10 años repitamos la angustia de estos días; con casas inundadas, cultivos perdidos, caminos cortados y bolsas de víveres que compran votos, hipotecando el futuro de miles de familias ñeembucuenses.
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