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Estudiantes de Economía de la UNA nos denunciaban el viernes en la 730 AM que usaron sus nombres y números de cédulas para formalizar la propuesta de creación de un movimiento político denominado Reserva Patriótica, liderado por un general retirado, Ramón Benítez.
“Creo que le pasaron la lista de asistencia de nuestras clases”, nos decía en tono molesto el estudiante Diego Benítez, agregando que todos los datos de sus compañeros aparecían en ese mismo orden en las planillas de creación del movimiento de tan pomposo como pretencioso nombre.
El fraude se agrega al reclamo que hace unos días formularon a través de las redes sociales varios estudiantes de la Universidad Americana, quienes denunciaron que sus nombres figuran en el padrón colorado pese a que jamás se afiliaron.
Alguno podrá pensar que es una maniobra tonta y que va contra el partido, ya que incluir a personas que no van a votar hace crecer el porcentaje de ausentismo.
Pero eso es siempre y cuando nadie vuelva a usurpar esos nombres en la mesa de votación, haciendo figurar como que esas personas votaron para inflar los resultados en favor de algún equipo.
Allí también está en estos días encadenado frente a la Justicia Electoral, Rafael “Mbururu” Esquivel. Un activista que exige que reconozcan su movimiento, pese a que detectaron que muchas de las 12.000 firmas que presentó para el trámite son, en realidad falsificadas, entre ellas, las de los hijos del expresidente Wasmosy.
El último caso denunciado, al menos al cerrar este comentario, es el de funcionarios del Hospital de Clínicas que figuran como proponentes del movimiento político “Paraguay Despierta”. Incluso un candidato por otro partido, Daniel Vargas, del Demócrata Cristiano, aparece en las planillas de firmantes de este movimiento.”
El fraude no es patrimonio de un solo partido, ya que parece haberse democratizado la estafa de usurpar identidades para avalar candidaturas y movimientos.
Todavía recuerdo cuando las planillas de conformación del Partido Democrático Progresista de Rafael Filizzola nos llevaron hasta el mismo cementerio de Quiindy para constatar cómo utilizaron las identidades de varios de sus inquilinos para avalar el reconocimiento de ese partido ante la Justicia Electoral.
Y ni hablar del rey de los fraudes de estos meses. El “firmautón” oficialista.
El escandaloso fraude con las miles de firmas falsas presentadas por los cartistas para avalar el intento de enmienda para la reelección.
Fueron al menos 69.000 firmas con diferentes irregularidades, entre ellas, las de 1.142 muertos que desde el cielo o el infierno avalaban la idea del rekutu.
También había menores de edad, personas que no figuran en el padrón electoral y planillas mágicamente llenadas en un pulcrísimo como inverosímil orden alfabético.
La denuncia duerme en los cajones de la fiscalía, pese a que la producción de documentos no auténticos está tipificada en el Código Penal con un castigo que puede conllevar hasta diez años de cárcel en casos especialmente graves.
Es que el problema es el mismo que padecemos otras áreas. La maldita impunidad que incuba huevos de serpiente.
Mientras no haya algún castigo ejemplar, seguiremos reproduciendo a estafadores que usurpan los nombres ajenos.
Una práctica miserable, sobre todo cuando los violentados ya no pueden defenderse desde el más allá.
guille@abc.com.py