Ilegal

Un hotel casino con tiendas, amplio estacionamiento, cercano al microcentro y a la frontera con Brasil. Y de una renombrada cadena internacional, como el Hard Rock Hotel Casino. Atraería sin duda a cientos de turistas que, además del juego y el lujo de ese sitio, irían a otros lugares para hacer compras, buscarían restaurantes, pasear, hacer vida nocturna. Esto oxigenaría la economía, garantizaría fuentes de trabajo y permitiría a Ciudad del Este competir con un poco más de nivel ante el gigante hotelero que es Foz de Yguazú, del otro lado del Paraná.

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Todos queremos esto. El problema es que no sería legal el modo en que, para satisfacer el deseo de un grupo inversor extranjero, se pretende “privatizar” por al menos 30 años un bien que es del Estado paraguayo y que contiene parte importante de la historia de esta capital. Se trata del terreno de once hectáreas, ubicado en la zona primaria del Puente de la Amistad, que pertenece a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y donde funcionan las oficinas de Aduana y otras instituciones desde los años 60.

Es un área privilegiada porque está en la entrada misma de la ciudad y es el único terreno estatal que aún no fue “arrendado”, por 30 años o más, por la Municipalidad local en el centro, por ser de la ANNP. Pero además es el único lugar de acceso público que hay en Ciudad del Este con salida al río Paraná. No tenemos costanera y el resto está tomado por puertos clandestinos y propiedades privadas.

Según fuentes de Puertos, ya en el 2014 el grupo inversor del Hard Rock Hotel Casino elaboró un proyecto de lo que quería instalar en Ciudad del Este y eligieron ese terreno. Los empresarios colocaron el dedo sobre un mapa y las autoridades locales, regionales y nacionales respondieron.

Según el abogado Nicolás Russo, que presentó denuncias en contra de estas autoridades, la ordenanza municipal y los decretos que permiten la concesión del predio violan la Ley 1066/65, que prohíbe que la ANNP se involucre en operaciones comerciales o financieras extrañas a su objeto. Y un casino no es objeto de Puertos. Recuerda el jurista, decretos y ordenanzas están por debajo de las leyes. Responsables de Puertos que pretendieron una “jugada” similar en 2013 hoy están procesados.

Se desea la prosperidad para la región, pero el “negocio” implicaría torcer el ordenamiento jurídico. ¡Hágase la voluntad del capital!, sin importar lo que mandan las leyes, ni la historia del sitio, ni el derecho de la población a decidir qué es lo que se desea hacer con el único predio público a través del cual podría recuperar su contacto con el río.

mariana.ladaga@abc.com.py

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