El adefesio construido lentamente desde finales del año 2016 por el Ministerio de Obras Públicas, entonces administrado por Ramón Jiménez Gaona, no hizo lo que debía de hacer, como socializar en tiempo y forma el proyecto y despejar de antemano la franja de seguridad de la vía de dominio de la cartera de Estado.
En dos años, la constructora contratada Mota Engil tan sólo construyó 800 metros lineales con paradas y se retiró con 21 millones de dólares. Además, le reclama al MOPC 18 millones de la misma moneda.
La improvisación tiene un alto costo, como el endeudamiento del país por una obra inservible que, además, tenemos que pagar todos los contribuyentes. La gente padeció cada día de los dos años en sus idas y venidas en el trasporte público de pasajeros o vehículos particulares por la zona de obras. También en vías alternativas que eran una tortura por el congestionamiento, el polvo, otros días por inundaciones, por los baches y otros inconvenientes.
Los comerciantes de la zona, taxistas y otros del rubro ventas tuvieron una merma en sus ingresos. También, así como frentistas en general, tuvieron serios inconvenientes para entrar y salir de sus locales.
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El padecimiento continúa porque la ruta se convirtió en una “metrotrampa”, que ya provocó varios accidentes y además se transforma en un río cada vez que llueve. Muchas calles quedaron destrozadas porque se usaron como alternativas para la circulación.
Todos estamos pagando, en mayor o menor medida, el alto costo de la imprevisión, menos los responsables. Los frentistas reclaman cárcel para el exministro Jiménez Gaona, que junto a sus colaboradores deben ser investigados y castigados para dejar un precedente de que no se puede seguir jugando con la gente ni con el dinero público.
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