El senador Luis Alberto Wagner había presentado un proyecto de ley que castiga el alquiler o la compra de las tierras indígenas. Nada más razonable ni humanitario. Sabemos de las luchas pacientes de los nativos para que el Estado les proporcione un lugar propio donde trabajar y vivir. Y cuando al fin lo consiguen, ¿es justo que lo pierdan en manos de los especuladores? ¿Y quiénes son? Los de siempre: los que dejan el país sin bosques ni arroyos, los que envenenan el ambiente con sus fumigaciones. Sí, los sojeros, sobre todo los brasileños y los brasiguayos.
Frente a la situación específica de las tierras indígenas, ¿cuál es la función del INDI? Naturalmente, protegerlos. Fue lo que el anterior titular quiso hacer. Expresó su acuerdo con el proyecto de ley de Wagner. Pero un grupo de caciques, financiados por los sojeros, arreó a los nativos a su cargo y los instaló frente a las oficinas del INDI donde acamparon por un mes. No tenían apuros. Los gastos estaban cubiertos. La orden era oponerse al proyecto de ley y conseguir la destitución del presidente de la institución.
Apenas se conoció el decreto de Cartes, la manifestación indígena estalló en hurras y vítores. Cuando se presentó el nuevo titular, lo recibieron con palmas y rosas. Tenían razón: el sustituto les prometió que les escucharía y haría lo que ellos quisiesen.
¿Y qué quieren los indígenas? Sus representantes fueron muy claros. De aprobarse el proyecto de ley perderían el dinero por las tierras arrendadas que el Estado les dio para otros fines y no están dispuestos a perder ni un centavo. Tampoco los arrendatarios, a quienes les va muy bien, y quienes no creemos que paguen lo que debieran. Se sabe que son algunos de los caciques los que cobran sin distribuir después lo cobrado. Ha de ser bueno vivir de rentas, pero este no es el caso.
Si el Estado quiere salvar moral y materialmente a los indígenas, tiene este camino: proceder de manera inmediata al desalojo de los que técnicamente son invasores y ayudar a los nativos a utilizar sus tierras. O sea, ayudarlos a cultivar con maquinarias y técnicos que les permitan, en algún momento, independizarse económicamente y dejar de vivir como mendigos. Es una ironía dedicarse a la mendicidad siendo propietarios de miles de hectáreas de tierras aptas para el cultivo.
Está claro que los indígenas ya no pueden vivir de la caza y de la pesca. Ya no hay bosques y casi no hay arroyos.
De todos modos, desde el punto de vista legal, tenemos el artículo 64 de la Constitución Nacional: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo”.
O sea, los sojeros usan las tierras indígenas por las que tampoco abonan un centavo al fisco. ¿Puede haber un negocio mejor? Mientras tanto, algunos indígenas aprovechados hunden aún más en la INDIgencia a su comunidad. ¡Y con la bendición del Gobierno!
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