20 de Octubre de 2016

 

Inseguridad como política de Estado

Por Marcos Cáceres Amarilla

La seguidilla de robos violentos y sangrientos en áreas urbanas del país, las cuatro personas que permanecen secuestradas en manos, presuntamente, del grupo armado EPP, la actuación delictiva de agentes policiales, las denuncias contra integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta por atropellos y vejaciones en la zona norte del país, conforman una realidad que lleva a pensar que esta inseguridad que vivimos tal vez no sea coyuntural o casual.

El hecho de que los organismos de seguridad no reaccionen consecuentemente puede significar que la situación es parte de una “política de Estado” con algún fin estratégico concreto o que las instituciones de la democracia están definitivamente inficionadas del virus mafioso, como algunos presagiaban, y que debemos resignarnos a convivir con él de forma permanente.

Resulta llamativo que, con este panorama, el Poder Ejecutivo no haya salido, aunque más no sea por una cuestión efectista, a dar una respuesta contundente, con algún anuncio tranquilizador. Su ausencia no hace otra cosa que alimentar la impresión de que al equipo presidencial ahora solamente le preocupa la posibilidad de reelección que en menos de 10 días debe estudiar la Convención partidaria.

Cuando Horacio Cartes, a poco de iniciar su carrera política, puso rumbo a la candidatura presidencial, allá por el 2010, muchos no lo tomaron muy en serio.

Inclusive cuando se fue tornando más real, durante el 2012, dirigentes del PLRA y de partidos de izquierda consideraban que sería un rival fácil de vencer electoralmente porque sus oscuros antecedentes y sus vínculos con hechos delictivos eran garantía de que no resistiría ataques.

Haber sido condenado y apresado por un caso de estafa, ser investigado por la DEA norteamericana por lavado de dinero del tráfico de drogas, estar vinculado por diversas investigaciones en Brasil, Colombia y México al contrabando de cigarrillos, entre otras cuestiones, no parecían los mejores antecedentes para un candidato presidencial.

Sin embargo, nada de eso pesó finalmente. Abundaron las denuncias, sobre todo en la interna partidaria, de parte de dirigentes como Javier Zacarías Irún y Lilian Samaniego (que paradójicamente se muestran ahora como sus más leales), pero no aparecieron las pruebas contundentes esperadas.

A eso se sumó un sugestivo silencio de los gobiernos de Brasil y de los Estados Unidos que, según todos los indicios, tenían en ese entonces la llave para cortar o dejar seguir su carrera política al “exitoso” empresario.

Si uno juzgara por los discursos y denuncias de la campaña proselitista, a nadie puede extrañar demasiado que durante este gobierno se haya desatado una guerra abierta entre mafias en la zona fronteriza y una cacería con ejecuciones de capos del narcotráfico, parlamentarios y periodistas, además de ciudadanos que estaban “en el lugar equivocado”.

Políticos de la oposición y el oficialismo, incluyendo a algunos que lo ayudaron a llegar al poder, ahora hablan de “parar” como sea la posibilidad de reelección, para evitar que el cartismo consolide lo instalado en estos casi cuatro años. No lo hicieron cuando podían y cuando, en contrapartida, poderes fácticos decidieron alentar esa candidatura. No parece que ahora tengan condiciones como las tuvieron entonces.

La decisión, definitivamente, quedará en manos de la ciudadanía, un factor que muchas veces los políticos, en particular los de corte autoritario, suelen subestimar y considerar un detalle secundario.

mcaceres@abc.com.py

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